Hoy concluye Expo EcoBaja en Tijuana edición 2016
MEXICALI.-Al igual que muchas otras actividades, en donde se ejerce un doble juego para sacar el mayor provecho posible, la cuestión ambiental y la agenda ecológica se han vuelto un jugoso campo de acción para aquellos que han logrado encaramarse en los espacios de participación social que ofrece la legislación federal en la materia, buscando incrementar su capacidad de gestión para favorecer sin duda alguna el desarrollo de sus empresas y con ello sus ganancias económicas.
Tal es el caso del actual presidente del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable (CCDS) de la Región Noroeste, José Carmelo Zavala, quien también es el organizador del evento anual Expo Eco Baja, en donde se invita a participar a diversas empresas, previo pago por el espacio dedicado a promover los negocios y la temática ambiental.
Y es que resulta que José Carmelo, se desempeña en una empresa dedicada al manejo de residuos peligrosos llamada BIO SEA, S.A. de C.V. de donde consigue contratos para la importación y exportación de estos materiales tóxicos que generan industrias establecidas en la región y que suman cientos de miles de toneladas, tal y como se desprende de la página de la Semarnat, siendo su labor fundamental la de promovente o gestor de permisos ante la propia Semarnat.
Seguramente casos como el de José Carmelo deben de haber más en el país, y no tiene nada de ilegal ya que en la legislación mexicana no están prohibidas este tipo practicas, lo que sí es obvio es la existencia de un conflicto de intereses ya que se utiliza el liderazgo de un organismo que tiene como propósito fundamental el promover la participación ciudadana en materia ambiental, para lograr efectos deseados en las gestiones que se realizan en este caso para el manejo de desechos considerados como peligrosos y que se considera como un negocio altamente rentable.
Es así como en nuestro país se pervierte el marco institucional que se va creando para promover la participación social en las distintas esferas de la gestión pública, dando lugar al surgimiento de grupos de interés que se mueven como grupos de presión cuando buscan proteger su modus vivendi, y para ello recurren por lo general a prácticas de chantaje o extorsión.
Lo ideal sería que se revisaran los requisitos para la integración de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable (CCDS), colocando candados que impidan que estos organismos sean copados por personajes que representan intereses creados que buscan hacer negocios al amparo de dicha representación, y que en su lugar arriben ciudadanos que privilegien el interés general y no el afán de lucro, ya que por eso estamos como estamos en materia ambiental en la región y en el país. Así las cosas.
