DEUDA PÚBLICA DEBE SER APROBADA POR MAYORÍA CALIFICADA DEL CONGRESO: DIPUTADA IRMA MARTÍNEZ
EL DIP. ESPINOZA EXHORTÓ A LAS AUTORIDADES A OTORGAR PERMISOS EN AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA ACUACULTURA
PLANTEA INICIATIVA PARA ESTABLECER NUEVAS FORMAS DE PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL
Podrá ser liquidado total o parcialmente en dinero o en especie, con el propósito de coadyuvar en la protección del medio ambiente
MEXICALI.- El diputado José Alberto Martínez Carrillo propuso reformar la Ley de Hacienda Municipal del Estado, con el objeto de que el impuesto predial pueda ser pagado total o parcialmente en dinero o en especie, siempre y cuando el bien o bienes entregados al Municipio para saldar dicho impuesto, tenga como finalidad el fomento de una cultura sobre la separación y el aprovechamiento de la basura, la protección del medio ambiente y de la calidad de vida de los bajacalifornianos.
Lo anterior, dijo el representante popular del Partido Nueva Alianza, mediante mecanismos de reciclaje o reúso de residuos sólidos urbanos o materiales que establezca cada Municipio, brindándoles un valor a estos.
Agregó que también plantea que los Ayuntamientos puedan celebrar los convenios de compra y venta de los materiales a reciclar o reusar, con la finalidad de que al momento de emitir el comprobante, se efectúe el pago correspondiente al Municipio por parte del comprador de dichos materiales, de conformidad a los valores de mercado al momento de la transacción.
En la exposición de motivos de esta iniciativa, presentada mediante Oficialía de Partes del Congreso local, Martínez Carrillo mencionó que la reforma va en el sentido de alcanzar la protección integral del sistema ambiental y, con ello, el desarrollo sustentable, donde los Estados y municipios tienen el compromiso y la obligación de promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente; es decir, leyes protectoras del medio ambiente que se cumplan y que no sean meras disposiciones declarativas incapaces de transformar una situación social que impacta negativamente el entorno.
Agregó que “uno de los problemas actuales y de gran preocupación para nosotros como legisladores es en nuestro Estado el tema de la basura, debido a que además de considerarse un problema ambiental es uno de los más alarmantes de salud pública, ya que en ella tiende a proliferar fauna nociva que puede transmitir enfermedades al ser humano, así como la generación de contaminantes que deterioran la calidad del aire, suelo y agua de nuestra entidad”.
El legislador insistió en la necesidad de un cambio en la conciencia social, que repercuta en la modificación de patrones de producción y en hábitos de consumo, de tal forma que se reconozca como cierto que una de las principales causas de la contaminación del suelo es la excesiva generación y el confinamiento o disposición inadecuada de los residuos.
“De igual importancia resulta el cambio de la errónea idea colectiva de los residuos, que los concibe o conceptualiza de manera generalizada como `basura´, concepto que implícitamente lleva la idea de aquello que es `inservible´, desconociendo entonces que los residuos tienen por sí mismos un valor intrínseco que puede prolongar su vida útil”, argumentó.
Por último, el diputado José Alberto Martínez destacó que el gobierno mexicano ha suscrito diversos convenios internacionales para el logro de un medio ambiente sustentable, como el celebrado en la Cumbre de Johannesburgo en 2002, donde México se comprometió a poner en práctica el “Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible”, con el fin de desarrollar acciones sobre consumo y producción sustentables que involucran la planeación urbana y el manejo de los residuos.
EL DIP. ESPINOZA EXHORTÓ A LAS AUTORIDADES A OTORGAR PERMISOS EN AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA ACUACULTURA
Sería una opción para paliar la crisis que enfrentan los pescadores del Mar de Cortez
El diputado Armando Espinoza Arroyo presentó un punto de acuerdo para que esta soberanía exhorte a las autoridades federales relacionadas con la pesca, a fin de que impulsen las acciones necesarias para obtener los permisos de perforación de aguas subterráneas para la acuacultura.
La iniciativa fue presentada ante el Pleno de la XXI Legislatura por el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Asuntos Portuarios y Pesca del Congreso del Estado, diputado Armando Espinoza Arroyo, durante la reciente sesión ordinaria, donde fue aprobada de manera unánime.
Espinoza Arroyo expuso en la tribuna que las actividades del sector primario, entre ellas la pesca ribereña que existe en los litorales nacionales, experimenta rezagos, lo que ha provocado que las condiciones económicas de las familias de pescadores han estado en retroceso, durante los últimos 25 años.
Atribuyó esta situación a que las concesiones y permisos de pesca, así como los apoyos económicos, para proyectos productivos que han otorgado los gobiernos, han sido selectivos y han dejado en total abandono al sector pesquero de las comunidades locales vulnerables.
Hizo notar que a lo anterior se suma la presión internacional para la protección de especies endémicas en el Mar de Cortez, lo que ha llevado a que el gobierno mexicano cree la Comisión Asesora de la Presidencia de México para la Recuperación de la Vaquita Marina, creada el 7 de febrero del 2013 con el fin de proponer estrategias, acciones ambientales, económicas y sociales para evitar la extinción del cetáceo.
Agregó que en 2015, las autoridades federales publicaron un decreto presidencial, que establece la prohibición, en un plazo de 2 años, de la pesca en esta zona del Mar de Cortez, con un impacto económico innegable a las familias asentadas en esta zona de Estado.
Sin embargo, expuso que una alternativa de solución para la subsistencia de este sector sería la creación de zonas de acuacultura, aunque para ello se requieren permisos para perforación de aguas subterráneas.
Por este situación, el diputado Armando Espinoza propuso que se exhorta al director general del organismo de cuenca península de baja california de la Comisión Nacional del Agua, José Alejandro Cervantes Beltrán, al Secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, José Eduardo Calzada Rovirosa y al Secretario de Pesca de Baja California, Matías Arjona Rydalch, a fin de que impulsen las acciones necesarias para obtener los permisos para perforación de aguas subterráneas para la actividad de acuacultura.
DEUDA PÚBLICA DEBE SER APROBADA POR MAYORÍA CALIFICADA DEL CONGRESO: DIPUTADA IRMA MARTÍNEZ
- El endeudamiento del Estado y municipios se realizará hasta por los montos que apruebe el Poder Legislativo
- Toda autorización requerirá de mayoría calificada, para asegurar el mayor consenso político
La diputada Irma Martínez Manríquez presentó una iniciativa, a fin de conceder facultades expresas al Congreso del Estado para aprobar mediante mayoría calificada ─es decir, las dos terceras partes de los 25 diputados─, la deuda pública estatal y municipal, destinada a inversiones públicas productivas, refinanciamientos o reestructuras, que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado.
La reforma constitucional establece dar las bases para que el Ejecutivo del Estado y los municipios celebren empréstitos, así como aprobar los contratos respectivos, reconocer y autorizar el pago de las deudas que contraigan; lo anterior con el referido voto de las dos terceras partes del Pleno del Poder Legislativo.
En la exposición de motivos, la legisladora por el Partido Nueva Alianza (Panal) estableció que el solicitar una mayoría calificada en un parlamento, involucra la necesidad de ampliar el consenso entre las fuerzas políticas integrantes, que vayan más allá de la simple mitad más uno de los votantes, sobre todo cuando se trate de determinadas reformas legales o asuntos trascendentes.
Cabe mencionar que la representante popular aclaró que la Constitución de Baja California omite mencionar a los municipios como sujetos susceptibles de autorización para la contratación de deuda pública, refiriéndose en forma exclusiva al Ejecutivo estatal.
Es decir, que deja la facultad de autorización para los municipios al resultado de una interpretación sistemática de la Constitución del Estado, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y de la Ley de Deuda Pública del Estado; esta última que faculta al Congreso del Estado para contraer, garantizar, registrar y controlar la deuda pública de los municipios.
La diputada Martínez Manríquez refirió que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades y municipios, contempla la facultad de regular la deuda pública por parte de los Congresos y promover que sea acorde con la capacidad financiera del ente público.
