Confabulan desde el Poder Legislativo y Judicial para proteger al Magistrado Carlos Cataño, quien debe irse según el Consejo de la Judicatura; tuvieron oculto oficio que notifica la sanción por 10 años contra el Juzgador pero nunca se informó nada ni se procedió en nada
Por Jaime Delgado
MEXICALI.-El Magistrado Carlos Cataño González, inhabilitado por 10 años por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) fue protegido desde la presidencia del Poder Judicial del Estado y la XXI Legislatura donde el principal implicado es el diputado Rodolfo Olimpo Hernández, presidente de la mesa directiva cuando se conoció la sanción contra el Juzgador.
El 1 de junio pasado en la Legislatura local se puso sello de recibido al oficio del Consejo de la Judicatura Federal, fue la notificación al Congreso del Estado de la inhabilitación al integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En el documento estaba la indicación para que notificará al Poder Ejecutivo del Estado al área de la Contraloría del Estado y el Poder Judicial del Estado, sin embargo nunca se hizo el trámite, se ocultaron los hechos, pero fue hasta que PeriodismoNegro dio a conocer la sanción contra el Magistrado y la posterior revelación del documento por parte del periódico La Crónica.
El documento entregado al Poder Legislativo, vía Oficialia de Partes estuvo «guardado» por 15 días, con implicaciones legales para el entonces presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado Rodolfo Olimpo Hernández y la actal presidenta Mónica Bedoya.
De acuerdo a las primeras investigaciones, Olimpo Hernández, diputado del PES, estaría implicado en la no notificación al otros dos Poderes sobre la inhabilitación del Magistrado Cataño a cambio de promesas de plazas dentro del Poder Judicial del Estado.
El trascendido fue el compromiso hecho por el mismo presidente del Poder Judicial del Estado, Magistrado Jorge Armando Vázquez y el director Jurídico, Jorge Antonio Sauceda, aliado del juzgador inhabilitado, al igual que el titular del Tribunal Superior de Justicia.
La inevitable sanción contra el Magistrado Cataño viene acompañada con la advertencia que la medida causó Estado, es decir, es cosa Juzgada a pesar del recurso promovido por el Juzgador ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
MÓNICA BEDOYA HASTA QUE SE RESUELVA
La diputada presidenta Mónica Bedoya, dijo sobre el Caso Cataño que espera la resolución del recurso que promovió el Magistrado ya que luego surgen amparos y pagos a los Juzgadores.
Estos temas deben agotarse los plazos legales, dijo la legisladora panista, quien desconocía la existencia del oficio remitido por el Consejo de la Judicatura Federal a la Legislatura.
ANTECEDENTES
Con el expediente 45/2014 el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inhabilitó al magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) por 10 años debido a faltas administrativas cometidas cuando fue secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Mexicali.
Posterior a su trabajo en el Poder Judicial Federal, fue designado Magistrado del Tribunal local.
Aunque el Magistrado Carlos Cataño no ha sido notificado se publicó en el reporte de Servidores Públicos Sancionados con fecha del 15 de junio.
En noviembre de 2014 se dio a conocer que un Magistrado Federal José Neals André Nalda fue inhabilitado, y se confirmó la sanción impuesta por el Consejo de la Judicatura, “por probables irregularidades cometidas en la tramitación de diversos amparos en beneficio de empresas relacionadas con la importación de vehículos usados” (diario Excélsior).
Ahora le corresponde al Tribunal Superior de Justicia tomar la decisión sobre la sanción contra el Magistrado de la Quinta Sala Colegiada en Materia Penal, quien tiene una fuerte influencia en el presidente del TSJE, Magistrado Jorge Armando Vázquez.
El rotativo Excélsior publicó la siguiente información de la reportera Isabel González:
Estas conductas se habrían llevado a cabo cuando André Nalda y Serratos García se desempeñaron, sucesivamente, como titulares del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Baja California, con sede en Mexicali.
La misma imputación la enfrentan los secretarios: Carlos Cataño González, Patricia Ávalos Cornejo, Teresa de Jesús Sandoval Rodríguez y Armando Ochoa Loza, los cuales fungieron como secretarios en funciones de juez en diversos momentos en el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Baja California, así como Martín Leopoldo Salcido García, otrora secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali.
El Poder Judicial federal explicó que la investigación administrativa contra los funcionarios “debió cumplir con los tiempos legales para robustecerla” por la complejidad que implicó revisar una importante cantidad de amparos y criterios emitidos en esos juicios, así como las actuaciones no sólo de los titulares antes mencionados, sino de los secretarios que también fueron suspendidos.
Se explicó que la investigación data del 2012, luego de que se recibieron diversas quejas presentadas contra los servidores públicos, “a quienes se les señaló de incurrir en presuntas irregularidades en la tramitación de juicios de amparo, en los que los quejosos eran empresas morales relacionadas con la importación de vehículos usados, entre otros”, detalló el CJF.
