Luego del anuncio de que la PGR emprendió acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN en contra de las reformas de Veracruz y Quinta Roo en materia de Anticorrupción, el Gobernador Javier Duarte informó que declinaron todos los miembros de la terna a magistrados en la materia que había propuesto, informó que no enviará una nueva, y pidió al Congreso declarar desierta la convocatoria para el Fiscal Anticorrupción.
Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- La Presidencia de México anunció que la Procuraduría General de la República (PGR) emprendió acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los congresos de Veracruz y Quintana Roo, por sus reformas en materia de Anticorrupción y los “nombramientos a modo”.
Estas reformas fueron calificadas por partidos de oposición como “blindajes” para los gobernadores salientes de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y de Quintana Roo, Roberto Borge Ángulo.
En una conferencia conjunta, el Vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, y el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval, informaron que por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto presentarán estas acciones de inconstitucionalidad.
“Ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de Gobierno en el que se desempeñe puede estar al margen de la Ley. Esto es lo que demanda la sociedad mexicana. Recientemente los congresos estatales de Quintana Roo y Veracruz aprobaron reformas que se oponen a los lineamientos generales del Sistema Nacional Anticorrupción”, detalló Eduardo Sánchez.
Con esta acción de inconstitucionalidad, se pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine que las entidades no pueden regular en la materia antes de la publicación de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, que fueron recientemente aprobadas por el Congreso.
“Las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Procuraduría General de la República se encaminan a atender problemas muy concretos”, afirmó Salvador Sandoval, quien detalló que será el Máximo Tribunal del país quien advierta que las entidades carecen de facultades para hacer sus propios sistemas Anticorrupción, y que tampoco tienen las facultades para nombrar a funcionarios en esa materia.
El Subprocurador de la PGR sostuvo que no se puede dejar en la incertidumbre la consolidación del SNA.
Luego del anuncio de la Presidencia, el Gobierno de Veracruz dijo en un comunicado que en “en concordancia con la postura de la Presidencia de la República dada a conocer esta mañana, destinada a fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, aprobado por el Congreso Federal, el Gobernador Javier Duarte de Ochoa realizó un exhorto a la Comisión de Procuración de Justicia de la actual Legislatura, a que se declare desierta la convocatoria para nombrar al Fiscal Anticorrupción”.
“De la misma manera, el titular del Ejecutivo manifestó que los miembros de la terna a Magistrados Anticorrupción han declinado y, por su parte, no enviará ninguna otra propuesta para ocupar dichos cargos”, agregó.
El Gobierno de Javier Duarte señaló que fortalecer el SNA “es una prioridad en la agenda nacional y Veracruz se suma a ella, reiterando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el combate a la impunidad”.
Por su parte, el Gobernador Javier Duarte escribió a través de su cuenta de Twitter [@Javier_Duarte], declarar desierta la convocatoria para el Fiscal Anticorrupción y que los miembros de la terna para magistrados en la materia también habían declinado y que no enviaría ninguna otra propuesta.
Duarte escribió en un primer tuit: “De acuerdo con la @PresidenciaMX los miembros de la terna a Magistrados Anticorrupción han declinado y no enviare ninguna otra propuesta (sic)”.
“Exhorto a la Comisión de Procuración de Justicia de la @LegisVer declarar desierta la convocatoria para nombrar al Fiscal Anticorrupción (sic.)”, agregó.
EL BLINDAJE DE DUARTE
En semanas pasadas, el Gobierno de Veracruz promulgó la Reforma Constitucional local en materia Anticorrupción, promovida por Javier Duarte de Ochoa, con la que se retira el fuero al próximo Gobernador, a sus secretarios y a los presidentes municipales, aunque el beneficio legal sigue protegiendo a los diputados, al titular de la Comisión de Derechos Humanos estatal, al Fiscal General del estado y a los magistrados.
La reforma constitucional también preveía la creación del Fiscal Anticorrupción, que duraría cinco años en el cargo, y del Contralor General, mismo que serían designados por el Congreso veracruzano, controlado aún por el PRI y sus partidos satélites locales.
El Congreso de Veracruz buscaba avalar la designación como nuevo Fiscal Anticorrupción a Francisco Portilla Bonilla. Sin embargo, luego de las decenas de críticas el tema fue retirado del dictamen ya que no reunió los 34 votos a favor necesarios para ser discutido en el pleno.
Con los cambios constitucionales impulsados por Javier Duarte de Ochoa y con el control de los magistrados locales, quienes en mayo de este año determinaron que el Gobernador no interfirió en el proceso electoral ni desvió recursos públicos a favor del candidato del PRI, el mandatario pretendía dejar una estructura que lo libraría de enfrentar cargos por corrupción.
Sin embargo, el Gobernador electo de la entidad, el panista Miguel Ángel Yunes exhortó al Congreso local a ceder el nombramiento del Fiscal Anticorrupción a la siguiente Legislatura para garantizar que Javier Duarte y sus cómplices no queden impunes por casos de corrupción.
Yunes Linares pidió la intervención del Gobierno federal ante estos nombramientos a modo. “Javier Duarte quiere nombrar al Fiscal, Magistrados y Contralor para proteger su huida, evitar la cárcel y la devolución de los miles de millones de pesos que se robaron; está desquiciando y lleva a Veracruz al enfrentamiento y a un desastre financiero de consecuencias graves para el Estado y para el país, dejando sin recursos a la próxima administración estatal para los programas de asistencia social, de salud, entre otros”, dijo.
Incluso, ante las irregularidades financieras exhibidas en medios de comunicación durante la administración del priista Javier Duarte de Ochoa y los recientes movimientos en el Congreso de Veracruz, la dirigencia del PRI a nivel nacional tomó distancia del mandatario local.
“En el partido no habremos de respaldar un solo acto, un solo dicho, un solo hecho que contravenga en Estado de Derecho”, dijo Carolina Monroy, quien es la Presidenta interina del partido Tricolor.
En conferencia de prensa Monroy aseguró que “nada ni nadie por encima de la Ley. En el partido no habremos de respaldar un solo acto, un solo dicho, un solo hecho que contravenga en Estado de Derecho”.
EL BLINDAJE DE BORGE
Por su parte, el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo se “blindó” ante la amenaza de Carlos Joaquín González, Gobernador electo, de iniciar una indagatoria sobre su gestión.
Borge Angulo impulsó –a través del Congreso de Quintana Roo– la elección de Javier Félix Zetina González, un priista cercano a él y a la administración anterior, como el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado.
Además, Borge diseñó la creación de un Fiscal que sustituya al actual Procurador de Justicia y a tres magistrados del Tribunal Superior. El Constituyente Permanente de Quintana Roo, integrado por los 11 municipios del estado, validaron por mayoría la propuesta de Borge.
En este contexto, en una conferencia de prensa a principios de mes, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés criticó que “este es el peor PRI que hemos visto en la historia de nuestro país”.
Denunció además la consumación del “paquete de impunidad” propuesto por Roberto Borge Angulo con el cual, dijo, busca ocultar los casos de corrupción durante su gestión.
El Presidente del PAN también pidió la intervención del Gobierno federal y del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, para dar marcha atrás a lo aprobado por el Congreso Quintana Roo, pues dijo “todos sabemos que en la cultura priista los Gobernadores no se mandan solos. Sabemos que son disciplinados a lo que se les instruye, recomienda o sugiere desde el Gobierno federal y desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI”.
Anaya aseguró que el compromiso de Carlos Joaquín, el Gobernador electo, era tener un estado sin impunidad.
“Quintana Roo merece que no haya impunidad, ése es el compromiso de Carlos Joaquín y para ello cuenta con todo el respaldo de los partidos que lo postulamos, para que estos señores devuelvan lo que se robaron y que quienes hayan cometido actos graves de corrupción vayan a la cárcel, empezando por el ex Gobernador del estado”.
Por su parte Carlos Joaquín González, dijo que “los priistas no se dieron cuenta de que el pasado 5 de junio, los ciudadanos votaron por la transparencia, por evitar la corrupción y acabar con la impunidad que ha imperado en los últimos 6 años en Quintana Roo”.
