En la sesión ordinaria del Congreso del Estado que presidió la diputada Mónica Bedoya se abordaron diversos puntos, además de la comparecencia del delegado de SAGARPA, Guillermo Aldrete. Entre los que destacan los siguientes.

1.-ABUSO SEXUAL INFANTIL, REALIDAD TRÁGICA  PARA LA NIÑEZ DE BC: DIPUTADO DAVID RUVALCABA

2.-SE PERSEGUIRÁ DE OFICIO LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y NO SE PERMITIRÁ LA MEDIACIÓN PARA ESTE DELITO

3.-PIDE MIRIAM AYÓN QUE COMPAREZCA TITULAR DE SEBS ANTE COMISIÓN LEGISLATIVA

4.-AVALAN INTRODUCIR LA FIGURA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL EN LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO

Presenta  reforma  al Código Penal local, para que conductas abusivas de agresores sexuales puedan  ser sancionadas por la autoridad judicial, sin importar el momento en que se llevaron a cabo

MEXICALI.- El abuso sexual infantil, es un realidad trágica para miles de personas y de acuerdo a diversos psicoterapeutas las secuelas emocionales de las víctimas se viven  a lo largo de toda su vida, afectando de manera irreparable la salud mental y emocional de los niños y niñas, indicó David Ruvalcaba Flores.
Así lo señaló el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, al presentar ante el pleno, una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman los artículos 113 bis y 114 bis del Código Penal para el Estado de Baja California.

En su exposición  de motivos, citó los recientes hechos luctuosos que impactaron  de forma sorpresiva a la sociedad de Baja California, como son los casos de los niños: Usiel, Kimberly y Diana Mía, a quienes algunos de ellos, previo a ser ultimados por sus padrastros con la complicidad de sus madres consanguíneas, también se comprobó la existencia del abuso sexual.

Como consecuencia de dichos abusos, resaltó que sobrevienen comportamientos anormales en la vida de las víctimas tales como el desánimo en el estudio y falta de deseos de vivir; el surgimiento de miedos a intimar con su pareja, aislamiento, rechazos y confusiones que les impide tener parejas estables y, en muchos de los casos estas víctimas se suelen convertir en agresores sexuales, cuando no reciben la terapia correspondiente provocándose una cadena.

Surgen estos problemas cuando intentan acercarse a la ayuda profesional, lo que les ayuda a romper el silencio y a superar esas lamentables vivencias de su truncada niñez, pero para entonces en muchas de las ocasiones, estas conductas abusivas ya no pueden ser sancionadas por la autoridad judicial, en virtud de actualizarse el supuesto de la prescripción del delito, subrayó.

David Ruvalcaba mencionó que: “por tal motivo y considerando que se debe atender al interés superior de la niñez, es nuestra obligación garantizar que los niños, niñas y adolescentes, puedan crecer en un ambiente de seguridad. En este contexto la protección que esta reforma pretende  a nuestro ordenamiento punitivo, es que se les permita ejercer la acción punitiva y poder llevar a cabo la restauración de sus derechos humanos transgredidos”.

En este orden de ideas, es necesario enfatizar la importancia de que los agresores sexuales no eludan a la justicia por los crímenes que atenten contra la libertad sexual de los menores, sin importar el momento en que se llevaron a cabo, agregó.

“Es momento -dijo- de replantearnos si seguiremos fomentando y tolerando que por el conducto de nuestra legislación, que se condonen hechos repugnantes en contra de nuestros niños por personas adultas que son plenamente conscientes y responsables de los resultados de sus acciones, o debemos valorar y ponderar si un derecho de un ofensor, está por encima de los de una víctima del delito”.

Cabe mencionar que en Baja California, durante el año 2015 se registraron 2 mil 328 denuncias por delitos de índole sexual de los cuales 687 corresponden a violaciones sexuales y en lo que va del año se han registrado mil 049 denuncias por delitos sexuales de los cuales 307 fueron por el delito de violación.

A estas estadísticas referidas anteriormente, aún  falta sumar aquellas denuncias que permanecen en silencio, ya que de acuerdo a testimonios de algunos agresores sexuales, las técnicas que utilizan para poder perpetrar impunemente estos aberrantes delitos es la manipulación en sus víctimas aunado a la complicidad de los padres de los menores para evitarse problemas mayores, concluyó.

SE PERSEGUIRÁ DE OFICIO LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y NO SE PERMITIRÁ LA MEDIACIÓN PARA ESTE DELITO

Los inicialistas son las diputadas Nereida Fuentes y Rosa Isela Peralta, así como el legislador Roberto Dávalos

Con una votación unánime de parte de los legisladores, el Pleno del Congreso local aprobó diversas reformas al artículo 242 bis del Código Penal del Estado, mediante las cuales se establece que el delito de violencia intrafamiliar se perseguirá de oficio, además de que “en ningún caso el Ministerio Público remitirá para mediación, o proceso alternativo de solución a las víctimas de violencia familiar”.
Las reformas venían contenidas en el dictamen número 61de la Comisión de Justicia, las cuales fueron producto de una conjunción de iniciativas de las diputadas Nereida Fuentes González y Rosa Isela Peralta Casillas, así como del legislador Roberto Dávalos Flores.
Por otra parte, se inscribe que la persona que dolosamente ejerza actos de violencia física o psicológica, deberá sujetarse a “tratamiento integral psicológico o psiquiátrico especializado dirigido a su rehabilitación, así como también deberá pagar este tipo de tratamiento hasta la recuperación total de la víctima”.
Asimismo, se dispone que deberá entenderse como violencia física, “a todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro”; además, que la violencia psicológica será “toda acción u omisión reiterada, ejecutada por cualquier medio distinto al contacto físico, que con el propósito de perturbar, degradar o controlar la conducta de una persona le afecte psíquica o emocionalmente”.
Por último, esta propuesta de reforma al Código Penal de Baja California aprobada por el Poder Legislativo el día de hoy, establece que “cuando proceda, el agente del Ministerio Público podrá solicitar a la autoridad judicial correspondiente el embargo de sueldos o salarios al agresor, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias”.
El dictamen fue leído en la máxima tribuna por el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, diputado Juan Manuel Molina García. Las reformas aprobadas serán enviadas al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

PIDE MIRIAM AYÓN QUE COMPAREZCA TITULAR DE SEBS ANTE COMISIÓN LEGISLATIVA

La finalidad es que informe sobre medidas de compactación de grupos de alumnos en escuelas de diversas zonas de B.C.

Padres de familia de APEC consideran que para una  educación de calidad, no se debe agravar el coeficiente de estudiante-personal docente

La diputada Miriam Josefina Ayón Castro solicitó a través de un  punto de acuerdo, la comparecencia  del  titular de la Secretaría de Educación y Bienestar Social de Baja California, Mario Gerardo Herrera Zárate, ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
La finalidad es que el funcionario estatal informe sobre las medidas, proyecciones y estrategias de compactación de grupos escolares de alumnos, por parte del Sistema Educativo Estatal (SEE), en las diversas zonas de esta Entidad.
En su exposición de motivos señaló que la educación de calidad es un compromiso del Estado Mexicano, a ejecutarse por los tres niveles de gobierno y, uno de los principales indicadores en el mejoramiento del entorno de aprendizaje, consiste en la cantidad óptima de alumnos por personal docente que se encuentren en un aula.
Mencionó que en el caso de Baja California, ha surgido la consternación de los padres de estudiantes con respecto a las posibles medidas del SEE, de compactación de grupos en una misma aula, para el ciclo escolar 2016-2.
Por tal motivo, indicó que la Asociación de Padres por una Educación de Calidad (APEC),  dirigida por el presidente Mario Alberto Zintzun; la secretaria Teresita Balderas Beltrán y su representante legal, Maricela Aguilar, han celebrado reuniones con diversas autoridades educativas locales.
Según informe de la APEC, durante el segundo trimestre del 2016, los integrantes se reunieron con el delegado del SEE en Tijuana. En dicha reunión, el funcionario avisó de la probable compactación de grupos de alumnos en diversas escuelas de la zona este de la ciudad, lo cual conllevaría un aumento de 30 estudiantes por maestro (por grupo de clases), que en promedio existe actualmente, hasta grupos de casi 40 estudiantes por maestro (por grupo).
Los padres de familia destacaron que en años anteriores, las autoridades educativas habían advertido sobre esta posible situación. Sin embargo aclararon que dichas medidas se implementarían exclusivamente en escuelas con baja matrícula de alumnos, como sucede en algunas escuelas de Playas de Tijuana y de la zona centro de la ciudad, dijo la legisladora.
Por ello,  Miriam Ayón resaltó que este no es el caso de zona este de Tijuana, donde el número de estudiantes por grupo supera la cantidad óptima en el coeficiente estudiantes-personal docente, por lo que de aplicarse la medida resultaría grave. Lo que está generando una consternación entre los padres de los alumnos.
Agregó que los padres de familia de la APEC a pesar de lo informado por funcionarios educativos estatales, han manifestado que tuvieron un acercamiento con el secretario Mario Herrera Zárate, quien ha negado que se lleve a cabo dicha compactación en esta zona y en otras escuelas en las que se rebasase el coeficiente originalmente previsto.
La legisladora hizo hincapié en que la APEC ha señalado que originalmente el coeficiente de estudiantes-personal docente, al cual se comprometieron las autoridades educativas es de: 25 estudiantes por maestro en educación preescolar; 30 estudiantes en primaria y 35 en secundaria.
Por lo que consideran que resulta crucial, para lograr educación de calidad, el SEE  debe procurar mejorar, y no agravar, el coeficiente de estudiante-personal docente, ya que este constituye uno de los principales indicadores para la educación de calidad, puntualizó.

AVALAN INTRODUCIR LA FIGURA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL EN LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO

Las autoridades municipales, en conjunto con los ciudadanos, decidirán cómo y en qué se aplicarán parte de los recursos públicos que manejan

El inicialista es el diputado Fausto Gallardo, del PVEM

El Pleno de la Asamblea Legislativa local aprobó por unanimidad de votos una reforma al artículo 85 de la Constitución del Estado, con el fin de crear la figura de presupuesto participativo municipal, la cual será un medio para que cada uno de los ayuntamientos de Baja California, decidan conjunta y abiertamente con sus ciudadanos, cómo y en qué se aplicarán parte de los recursos públicos que manejan.
Esta iniciativa avalada, cuyo promovente fue el diputado Fausto Gallardo García, reconoce y fortalece la autonomía administrativa y la facultad reglamentaria municipal, ya que sólo se proponen bases constitucionales generales para que sean los propios ayuntamientos, los que en atención a sus particularidades, recursos, necesidades y visiones, desarrollen esta herramienta de participación ciudadana.
En ese sentido, serán las propias autoridades municipales quienes definirán los tiempos; el presupuesto a asignarse y la forma de aplicar los recusos, ya sea por consulta ciudadana o a través de comités integrados por sociedad y gobierno, etcétera.
En su exposición de motivos, Gallardo García subrayó que entre los beneficios que traerá la figura de presupuesto participativo, están los siguientes: promueve y garantiza la participación de la sociedad en la administración pública; identifica demandas concretas de la población y favorece la integración de comunidades.
Asimismo, indicó que mejora la calidad de vida de los habitantes; define criterios para la asignación de recursos; reduce prácticas clientelares en la asignación del presupuesto; incentiva la transparencia y rendición de cuentas por parte de los gobernantes, e instaura mecanismos de control social sobre el manejo de los recursos públicos.
El legislador del Partido Verde dio a conocer que este mecanismo de participación ciudadana inició en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, en 1990. Posteriormente se implementó en diversas ciudades de Argentina y Perú, pero con el tiempo se ha extendido por toda Latinoamérica y Europa.
Aseveró que en el país existen casos exitosos como los que se han dado en Ecatepec, Estado de México; Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, así como en diversos municipios de San Luis Potosí y en San Pedro Garza García, Nuevo León.
En el caso de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, afirmó que la instrumentación del presupuesto participativo permitió incrementar la recaudación municipal, ya que al hacer posible que la gente decidiera cómo invertir sus impuestos, generó un gran sentido de responsabilidad fiscal y de confianza en las instituciones. Por ejemplo, entre enero y febrero de 2011 se recaudaron 80 millones 544 mil  pesos, es decir, un 37 por ciento más que en el mismo periodo de 2010.
Refirió que conforme a diversos estudios, el presupuesto participativo funciona mejor a escala municipal, ya que en espacios más grandes la dificultad para lograr una participación ciudadana adecuada lo vuelve inoperante.