MEXICALI.- El consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Héctor Orlando Díaz, inhabilitado por la Sindicatura del XX Ayuntamiento de Tijuana tras su paso como director de Ecología del gobierno municipal de Jorge Ramos, manejó dos versiones para burlar un cese de parte del Congreso del Estado.
El Abogado tijuanense, ex dirigente del Partido Verde en Tijuana, manejó ante algunos diputados locales que sí existía la inhabilitación pero que había ganado el caso en el Tribunal Contencioso Administrativo, pero que sería hasta jueves cuando presente el expediente del recurso.
Sin embargo, el consejero Héctor Díaz, mandó publicar en la columna La Estampida de los Búfalos redactada por Víctor Islas en el Gran Diario Regional El Mexicano y el periódico La Crónica, que la inhabilitación sí existe pero el funcionario del Poder Judicial del Estado cuenta con un documento expedido por la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental (Contraloría del Estado) que le permite sortear la sanción impuesta por la Sindicatura de Tijuana.
El consejero Héctor Díaz aceptó ante el reportero que estaba inhabilitado y existía un recurso de protección de sus derecho el cual presentó el Tribunal Contencioso Administrativo, pero no que lo había ganado. Versión dada el pasado 25 de agosto dijo que el asunto no estaba resuelto jurídicamente.
Lo que sí está confirmado es que el 2014 que fue electo como Consejero de la Judicatura, el Abogado Héctor Díaz nunca le dijo a los diputados locales que había una inhabilitación de arte de la Sindicatura, ni que existía un recurso.
Hay que precisar que el Consejero de la Judicatura fue impulsado el 2014 por parte del secretario de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid, a petición del director de El Mexicano, Eligio Valencia Alonso. Sin estos apoyos difícilmente hubiera sido electo como miembro del Consejo de la Judicatura.
Así que si el Consejero de la Judicatura quiere defenderse debe empezar hablando con la verdad y qué pasó con los dos «ratones» de computadora, la cámara digital y una memoria, que es patrimonio producto de la inhabilitación -según cuenta el propio Héctor Díaz- ya que maneja dos versiones.
Otra pregunta es si la Contraloría del Estado verifica el documento que publica El Mexicano, supuestamente expedido por Patricia Guzmán Delgado, directora de Responsabilidad y Situación Patrimonial. ¿No es falso el documento? ¿Investigó la Contraloría que dirige Vladimiro Hernández, la inhabilitación de la Sindicatura?
De lo contrario el consejero Héctor Díaz se está hundiendo con sus argumentos desesperados para salvarse de un cese de parte del Congreso del Estado, que ya actuó en un caso similar con el Magistrado Carlos Cataño.
