MEXICALI.-Defensores de los derechos humanos en Baja California, denunciaron este lunes, el acoso escolar y la omisión de parte de las autoridades escolares del estado, en perjuicio de un joven estudiante de secundaria del valle de Mexicali.
El Centro de Defensoría Técnica de los Derechos Humanos de Baja California (CDTDH), organización que representa a la familia del menor, denunció la omisión del sistema educativo estatal, desde hace un año, tiempo en el que se presentó el reclamo de parte de los familiares.
Esteban Yañez Placeres, coordinador en Mexicali de la organización defensora de los derechos humanos en rueda de prensa aseguró que desde hace más de un años, Eduardo de 14 años, quien padece cierto grado de autismo y alumno regular de la escuela Secundaria Número 80 del ejido Islas Agrarias «B», no es atendido por las autoridades como la Secretaría de Educación y Bienestar Social, la Contraloría del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Los familiares a través del Centro de Defensoría Técnica, ante la omisión de las responsabilidad es de las autoridades, se vieron obligados a presentar un amparo de la justicia federal el 13 de septiembre y una denuncia penal ante la Procuraduría General de Denuncian falta de apoyo y protección a un joven autista víctima de acoso.
En lugar de apoyar y proteger al joven de 14 años, los directivos y profesores lo aislaron y se hicieron «occisos».
«A partir de este recurso, fue que la CEDH se decidió en atender el caso, sin resultado alguno a la fecha».
Indicó que las agresiones sufridas por el menor van desde lesiones en el cuello cuando lo intentaron estrangular, inflamaciones en la cara producto de golpes con borradores de madera, y hasta cortadas hechas con un objeto metálico en el antebrazo a la altura de la muñeca.
La ultima agresión sufrida por Eduardo, fue una persecución al interior de la secundaria lo que hizo que sufriera lesiones por saltarse la reja de la escuela, pues buscaba llegar a su domicilio ubicado frente al plantel.
Denunció que los directivos y profesores de la escuela, argumentan su negativa en apoyar al menor, bajo el argumento de que la madre de Eduardo es muy conflictiva.
Indicó que tanto el sistema educativo como la PGJE deben dar cumplimiento a la Ley para Prevenir y Erradicar el Acoso Escolar, “El Órgano de Control Interno del Sistema Educativo tuvo un término de 24 horas para canalizar el hecho a Contraloría, pero no lo hizo y a raíz del amparo las autoridades comenzaron a preocuparse por el caso”.
