El Congreso del Estado realizó su sesión ordinaria, destacando el exhorto del PRI que contar en Baja California con el Sistema Estatal Anticorrupción.
Además la diputada Eva María Vázquez atendió a maestros que reclaman el respeto a sus derechos laborales.
Otro punto abordo en el pleno es referente a la salud de los hombres, sobre todo el exhorto para que se revisen la próstata lo cual se adornó el llamado al uso de bigotes que hasta las diputadas utilizarán para hacer concientización.
ATIENDE LA DIP. EVA MARÍA A MAESTROS JUBILADOS
- Solicitan apoyo del Congreso para que el gobierno del Estado incluya en su presupuesto recursos para pagarles su jubilación
MEXICALI.- La diputada Eva María Vásquez Hernández atendió a los maestros que reclaman el pago de su jubilación y les explicó que este tema ya es atendido por los integrantes de la Vigésima Segunda Legislatura.
La legisladora sostuvo ayer una reunión con los profesores de las secciones 2 y 37 del Sindicato Nacional de Maestros, con el propósito de explicarles que sus demandas ya fueron atendidas y se encuentran en proceso en espera de una solución que les satisfaga.
Los mentores, pertenecientes al llamado “Grupo Gestor en Defensa de los Maestros”, acudieron a las instalaciones del Poder Legislativo, donde fueron recibidos por la diputada Eva María, en compañía del presidente de la Mesa Directiva de la XXII Legislatura, diputado Raúl Castañeda Pomposo, así como también el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Alejandro Arregui Ibarra.
Los maestros también externaron su deseo a estar presentes en la Glosa del Tercer Informe del Ejecutivo, mientras comparecía el secretario de Planeación y Finanzas del Estado, Antonio Valladolid Rodríguez, lo cual fue logrado gracias a las gestiones realizadas por la representante popular.
La legisladora aseguró a los maestros que, para cumplir su compromiso con la gente que la eligió para representarla en el Congreso del Estado, saldrá en su defensa de manera permanente.
Como muestra de lo anterior, asumió el compromiso de encabezar la lucha de los mentores jubilados ante la administración estatal, a efecto de que reciban el pago reclamado.
“NO PODEMOS TOLERAR NI UN SOLO ACTO DE CORRUPCIÓN NI DE IMPUNIDAD MÁS”: DIPUTADO ALEJANDRO ARREGUI
El líder de la bancada del PRI presenta posicionamiento, urge al Congreso del Estado a que impulse el Sistema Estatal Anticorrupción
Faltan mecanismos que garanticen transparencia en la rendición de cuentas a Ciudadanía y una máxima eficiencia en el uso de los recursos públicos
MEXICALI.- “En el combate a la corrupción debemos ser firmes, no hay espacio para la impunidad, no hay lugar para quienes buscan llegar a servirse y mucho menos, habrá lugar para quienes busquen poner sus intereses por encima de las necesidades de la sociedad”, indicó el diputado Alejandro Arregui Ibarra.
Agregó el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI al utilizar la máxima Tribuna del Congreso: “y que quede claro, esta lucha es contra todo aquel que busque violentar la ley, sin importar su profesión o su posición.
Para tal efecto, dijo que urge que esta XXII Legislatura impulse de manera firme y sólida el Sistema Estatal Anticorrupción. “Debemos cumplir con lo que mandata la Constitución, pero también debemos de considerar las particularidades que enfrentamos en Baja California”.
Mencionó que deben quedar como parte de la historia los programas y las políticas públicas asistencialistas, que lejos de generar oportunidades, generan dependencia y vicios en el sistema político.
El líder de la bancada del PRI, diputado Alejandro Arregui enfatizó que el Estado requiere de políticas públicas que empoderen y generen verdaderas oportunidades de desarrollo y que hacen falta mecanismos que garanticen una total transparencia en la rendición de cuentas a los ciudadanos, así como una máxima eficiencia en el uso de los recursos públicos.
“No podemos tolerar ni un solo acto de corrupción ni de impunidad más. Frente a la ley debemos ser todos iguales. En Baja California, todos los corruptos irán a la cárcel”, subrayó.
Luego señaló que la lucha contra la corrupción no inicia hoy, pero que sí demanda resultados a la brevedad. “Como servidores públicos, nos debemos a quienes nos eligieron y son ellos quienes nos están exigiendo transparencia, eficiencia y trabajo”.
Es bien sabido que para que haya un corrupto, se necesita un corruptor. Es por eso que se debe contar con esquemas legales fuertes, que permitan castigar a todo aquel que falte a la ley.
“Es nuestra responsabilidad hacerlo, -afirmó- pero quiero invitarlos a que trabajamos en conjunto con los ciudadanos, con empresarios, líderes de opinión, organizaciones de la sociedad civil y expertos en el tema. En la medida que sumemos más voluntades a nuestra lucha, estoy seguro que tendremos mejores resultados”.
Consideró el legislador que la Entidad requiere de líderes decididos a cambiar la realidad y que no tengan miedo de enfrentar las consecuencias de hacerlo. “Sé que tenemos la visión y el empuje para volver a llevar a nuestro Estado a ser grande y fuerte. Para que volvamos a vivir en esa tierra en donde todos tenían la posibilidad de escribir su propia historia de éxito”.
“Los exhorto entonces a que trabajemos en conjunto, creando un Sistema Estatal Anticorrupción que nos permita retomar el camino para definir un futuro de éxito para Baja California”, concluyó.
URGE ANDRÉS DE LA ROSA A CREAR EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Dijo que como diputado federal participó en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción
Dio a conocer que hay estimaciones de que al año la corrupción cuesta a los mexicanos alrededor de 1.5 billones de pesos
Como urgente y que debe analizarse a la brevedad posible por todas las fuerzas políticas del Congreso local, calificó el diputado Andrés de la Rosa a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.
Durante la sesión ordinaria celebrada ayer, el legislador presentó un posicionamiento sobre este tema a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), en el sentido de que hace falta reformar la Constitución estatal para sentar las bases y reformar las leyes correspondientes, y de esta manera lograr la creación del Sistema.
Recordó que cuando se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, se propuso en la reforma que cada entidad estuviera obligada a reproducir y armonizar dicho marco jurídico en sus legislaturas locales, algo que todavía no ha sucedido en Baja California.
“Como diputado federal de la 62 Legislatura en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, pude participar en la creación legislativa del Sistema Nacional Anticorrupción, y hoy como diputado local sin duda colaboraré en el proceso que dará vida a nuestra reforma constitucional estatal en esta materia”, señaló Andrés de la Rosa.
El congresista de Acción Nacional adelantó que dentro de las características que se puede incluir en el Sistema Estatal Anticorrupción, es la creación de tribunales especiales que atiendan los casos específicos de mal uso de recursos públicos, así como una mayor transparencia en el manejo del dinero de la ciudadanía, tanto de funcionarios como de particulares.
Uno de los puntos que se requiere precisar, dijo, es el tema de las sanciones, pues en el ámbito federal sí quedaron establecidas con la creación del Sistema Nacional, más no se ha realizado a nivel estatal.
Indicó que hay estimaciones de que al año la corrupción cuesta a los mexicanos aproximadamente 1.5 billones de pesos, es decir, un 129 por ciento más que el presupuesto asignado a seguridad pública en todo el país.
“La corrupción, en una entidad como la nuestra, es factor de inhibición de empleos e inversión, lo que genera pérdida de calidad de vida en familias, así como de confianza en las instituciones, pero sin duda el riesgo más grave es el delgado hilo entre corrupción y otras formas de delincuencia como la de tipo organizado”, sostuvo De la Rosa Anaya.
DIPUTADOS DE MORENA PROPONEN REFORMA A LEY DE TRANSPORTE PÚBLICO Y DE HACIENDA

La iniciativa presentada por Catalino Zavala establece exenciones y descuentos a estudiantes, personas con discapacidad, menores de 3 años y adultos mayores
Propone exención de algunos impuestos y contribuciones en beneficio de los transportistas para disminuir el impacto
MEXICALI.- Con objeto de establecer exenciones y descuentos en el transporte público a estudiantes, personas con discapacidad, menores de 3 años y adultos mayores para salvaguardar su derecho humano a la movilidad y el acceso a servicios públicos que por su condición de vulnerabilidad debe garantizar el Estado, el diputado Catalino Zavala Márquez presentó una iniciativa al artículo 38 de la Ley General de Transporte Público local.
Así mismo, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional propuso una adición del artículo 173 BIS de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, durante la sesión de pleno celebrada este jueves.
“Los diputados de MORENA -dijo- reconocemos que esta iniciativa podrá generar un impacto económico negativo al sector transportista del Estado, por lo que también proponemos una solución mediante la exención de algunos impuestos y contribuciones que en la actualidad están a su cargo, para que sea el Estado quien subsidie el costo de los beneficios propuestos, sin ser impedimento de que esto obligue al mismo Estado a tomar medidas que disminuyan el impacto mediante la generación de estímulos fiscales en beneficio de los transportistas”.
En su exposición de motivos también señaló que el fomento del crecimiento económico va directamente relacionado con una más justa distribución de la riqueza, y que para el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, el Estado debe ser el proveedor de los servicios básicos como lo es el transporte público de calidad.
Sin embargo no satisface las necesidades ciudadanas, puesto que el transporte público es uno de los más caros del país y es de mala calidad, inseguro y obsoleto en todos los municipios de Baja California”, enfatizó.
Afirmó el legislador que con esta iniciativa se busca combatir los altos índices de deserción escolar que se generan por el alto costo que representa el traslado de los jóvenes desde sus hogares hasta los centros educativos, lo que representa el costo promedio del trasporte de un estudiante más del 16.86% del ingreso familiar.
En algunos casos, los jóvenes deben utilizar dos o más medios de transporte público diariamente, cubriendo tarifas que oscilan entre 12 hasta 18 pesos y cuya enorme carga económica motiva en gran parte que abandonen sus estudios, lo que coloca a la Entidad en el primer lugar en deserción escolar en el país.
También beneficia a las personas con discapacidad al proponer que el costo del transporte público para ellas se elimine por completo, con la finalidad de estimular su desenvolvimiento en la sociedad, aligerando posibles conflictos económicos e instrumentando acciones afirmativas que eliminen obstáculos para su movilidad.
Por tales motivos, los diputados del partido de MORENA presentaron el proyecto de reforma a la Ley General de Transporte y de la Ley de Hacienda, ambas del Estado de Baja California, que debe ser vista desde dos perspectivas: la que se refiere a los beneficios en favor de los estudiantes del sistema educativo estatal, y la relativa a la necesidad de hacer asequible el transporte público a personas discapacitadas y adultos mayores.
PROPONE DIP. BENTLEY INICIATIVA PARA QUE JUICIO POLÍTICO SEA MÁS EFECTIVO EN COMBATIR CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

Plantea reformas a la Constitución local y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
MEXICALI.- La diputada Victoria Bentley Duarte (PAN) propuso ante el Pleno del Congreso local, reformas al artículo 95 de la Constitución estatal y a diversos ordenamientos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, con el propósito de someter, dijo, a un proceso de reinvención el juicio político, y de esta manera hacer de él un instrumento más efectivo para inhibir el abuso indebido del poder y combatir la corrupción e impunidad que erosiona el desarrollo democrático de las instituciones.
En la exposición de motivos, la presidenta de la Comisión de Justicia de la XXII Legislatura expresó que el juicio político adolece históricamente de vicios tanto en su genética constitucional como en su interpretación aplicativa.
Bentley Duarte, agregó, que “entre ellos destacan por un lado, la imprecisa configuración conceptual del sentido y alcance de los conceptos de responsabilidad política y de intereses públicos fundamentales, y por otro lado, el estudio de actos de abuso de poder por esta vía, ha sido obstáculo reiterado para la procedencia de su incoación, so pretexto de las dudas respecto de la naturaleza jurisdiccional o política de esta vía jurisdiccional de excepción”.
Argumentó que en la aplicación práctica han prevalecido toda clase de razonamientos jurídicos y políticos que hacen imposible investigar la probable responsabilidad política de servidores públicos de alto nivel, cuando incurren en excesos o defectos de las potestades que les confiere su investidura, por lo cual muchas denuncias fundadas han sido desestimadas con subterfugios políticos y argumentos leguleyos.
En ese sentido, la iniciativa plantea modificar el párrafo quinto del artículo 95 de la Constitución Política de Baja California, para precisar que con la presentación de la denuncia de juicio político se interrumpe la prescripción, además de ampliar el plazo de uno a dos años para que precluya la facultad sancionadora.
Por otro lado, la propuesta de la congresista Victoria Bentley incluye modificaciones a la referida Ley de Responsabilidades, entre las que destacan la ampliación de conductas materia de juicio político; la inclusión de los partidos políticos como sujetos legitimados para interponer denuncias en materia de responsabilidad política; el establecimiento de los requisitos mínimos que debe contener la denuncia y la obligación para prevenir al denunciante cuando la denuncia está incompleta o los hechos sean obscuros o confusos.
Asimismo, se faculta a la Comisión Jurisdiccional para que mediante acuerdo interno pueda prorrogar el plazo para el desahogo de pruebas, así como para que en ejercicio de sus facultades de investigación pueda solicitar informes a toda clase de autoridades, o para apersonarse en oficinas para examinar cualquier tipo de documentos que tengan relación directa con los hechos controvertidos.
Esta iniciativa de reforma fue turnada para su análisis y dictaminación a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, diputado Raúl Castañeda Pomposo, durante la sesión ordinaria desarrollada este día.
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EXHORTA DIPUTADO BENJAMÍN GÓMEZ AL GOBERNADOR A EXPEDIR REGLAMENTO DE BECAS PREVISTO EN LEY
· Que lo difunda a toda la población junto a documentos relativos a los apoyos y estímulos económicos
También le solicita que remita al Congreso local Programa de Becas en el SEE
El diputado Edgar Benjamín Gómez Macías exhortó al Gobernador del Estado a que expida el Reglamento de Becas previsto en la Ley de Educación local o bien a que lo acredite debidamente, si ya lo hizo.
De igual forma, le solicitó que remita ante esta Soberanía a la brevedad posible, el Programa Estatal de Becas en el Sistema Educativo Estatal (SEE) previsto en dicha ley, además que se publique y difunda entre la población bajacaliforniana junto al resto de los documentos relativos al acceso a becas, apoyos y estímulos económicos.
Señaló en uno de los considerandos de este punto de acuerdo que presentó ante el Pleno, que luego de diversas consultas a los reglamentos relativos a la Secretaría de Educación y Bienestar Social, así como del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, no se encontró a pesar de estar previsto en la Ley estatal sobre la materia y que debió haber sido expedido a partir de la entrada en vigor de esta disposición.
El diputado inicialista mencionó que en el capítulo relativo a las Atribuciones del Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos en Materia Educativa, prescribe en el artículo 15, fracción XXIII de la Ley de Educación local, las facultades y obligaciones en materia educativa del Ejecutivo del Estado.
Dichas facultades son: elaborar un programa estatal de becas en el Sistema Educativo Estatal que contemple apoyos y estímulos en forma económica, en especie o en exención, para estudiantes de excelencia académica de escasos recursos, con alguna discapacidad y estudiantes destacados en la cultura y el deporte; mecanismos de coordinación con la federación, municipios e instituciones públicas y privadas, así como expedir el reglamento de becas respectivo.
De lo anterior, se deduce que para que el Gobierno de Baja California cumpla con las obligaciones legales, debió haber expedido dicho Reglamento para ser publicado en el Periódico Oficial del Estado y difundido cabalmente a toda la población bajacaliforniana.
Agregó que resulta indispensable que lo difunda ampliamente junto al Programa Estatal de Becas y demás documentos que incluyan convocatorias, calendarios, lineamientos, procedimientos y criterios relativos.
Benjamín Gómez enfatizó que esta información pública debe ser presentada ante la ciudadanía en una versión accesible para el entendimiento de la población en general, que facilite cualquier tecnicismo o complejidad de forma o de fondo que pudiese obstaculizar el acceso a las becas, apoyos y estímulos por parte de la población.
Finalmente puntualizó que el derecho a la educación se encuentra reconocido tanto por nuestra Carta Magna como por nuestra Constitución Local