Comunicados de prensa
DIP. MÓNICA HERNÁNDEZ PROPUSO REFORMAR LA LEY DE EDUCACIÓN PARA IMPEDIR QUE LAS ESCUELAS PRIVADAS PROHÍBAN EL ACCESO A LOS ALUMNOS POR FALTA DE PAGO
NECESARIO PROMOVER POLÍTICAS SOCIALES CON ENFOQUE PRODUCTIVO: DIP. CORONA BOLAÑOS CACHO
Propone Andrés de la Rosa eliminar fuero y demás privilegios especiales
MEXICALI.- Eliminación del fuero, la declaración de procedencia y otros privilegios especiales de los servidores públicos desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue propuesto este jueves durante la sesión ordinaria del Congreso local por el diputado Andrés de la Rosa Anaya.
Se trata de diversas reformas a los artículos 61, 74 y 111 de la Carta Magna, además de derogar el 112 constitucional.
El legislador del PAN indicó que la iniciativa se funda y argumenta en la necesidad de cerrar una de las páginas de nuestra historia como república a través de la eliminación de una de las figuras jurídicas al amparo de la cual se ha favorecido de la impunidad.
“En el México actual no tiene cabida el fuero constitucional, ni mucho menos la declaración de procedencia. Nuestro propósito es que no haya más pretextos jurídicos para que los funcionarios públicos sean tratados exactamente igual que cualquier ciudadano ante la comisión de delitos”, dijo Andrés de la Rosa.
El congresista local reconoció que existen otras propuestas presentadas en el Poder Legislativo encaminadas a la eliminación del fuero, pero éstas se enfocan principalmente a reformar la Constitución de Baja California, lo que puede ocasionar problemas legales si no se enfocan primeramente a los cambios en las leyes federales.
“Compartimos la idea, pero diferimos en la manera de hacerlo, pues si se aprueba a nivel local, cualquier persona que se sienta agraviada podría recurrir al amparo y como sigue existiendo en la Constitución Federal entonces fácilmente lo pueden ganar y significaría una pérdida de tiempo”, explicó De la Rosa Anaya.
La iniciativa fue turnada a la comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y en caso de un dictamen positivo se pasaría de nueva cuenta al pleno para ser aprobada y posteriormente enviada al Congreso de la Unión.
LA DIP. MÓNICA HERNÁNDEZ PROPUSO REFORMAR LA LEY DE EDUCACIÓN PARA IMPEDIR QUE LAS ESCUELAS PRIVADAS PROHÍBAN EL ACCESO A LOS ALUMNOS POR FALTA DE PAGO
Se sancionará a las instituciones que incumplan la ley
Los adeudos pueden cobrarse por la vía civil
La diputada Mónica “La Chula” Hernández Álvarez puso a consideración del Pleno una reforma a la Ley de Educación del Estado a fin de establecer infracciones a las escuelas privadas que nieguen el acceso al plantel o no entreguen documentación oficial por falta de pago.
La iniciativa fue presentada este día en la sesión ordinaria realizada bajo la conducción del presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Ignacio García Dworak, donde la diputada Hernández Álvarez propuso reformar el artículo 87 del citado ordenamiento.
Este artículo establece: “son infracciones de quienes presten servicios educativos incumplir cualquiera de las obligaciones previstas en los artículos 77, 78 y 79 de esta ley, como el negar el acceso a la escuela o la aplicación de evaluaciones o exámenes, a los alumnos que se encuentren debidamente matriculados, así como retener o negarse a entregar documentación oficial del educando, por falta de pago en colegiaturas”.
Al respecto, la diputada de extracción panista dijo en la tribuna que es una práctica común que algunas instituciones privadas, ante la falta de pagos en colegiaturas, retengan documentación oficial o bien impidan el acceso al estudiante a su centro educativo, o en su defecto, no practiquen las evaluaciones correspondientes a los mismos.
“Esto es inadmisible. Si alguien presenta adeudos, la legislación civil en materia de obligaciones es suficientemente clara y precisa para dotar a todos de las herramientas jurídicas necesarias para exigir el cumplimiento de las obligaciones, pero en la vía e instancia correspondiente” enfatizó la legisladora.
La “Chula” Hernández aclaró que el artículo 16 constitucional es claro al determinar “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la XXII Legislatura, propone adicionar el mencionado artículo con las fracciones XVI, XVII Y XVIII, con la finalidad de que los planteles privados sean sancionados por los motivos arriba descritos.
NECESARIO PROMOVER POLÍTICAS SOCIALES CON ENFOQUE PRODUCTIVO: DIP. CORONA BOLAÑOS CACHO
- Aclara que es importante continuar con programas sociales; sin embargo, dijo que el asistencialismo debe ser una medida excepcional
- Presenta reforma a la Ley de Desarrollo Social del Estado, en materia de fomento a actividades productivas
“No sólo se deben impulsar políticas de desarrollo social que tengan por objeto satisfacer necesidades, ya que sólo generan dependencia. Es importante impulsar medidas que propicien el desarrollo de las capacidades y la autosuficiencia de las personas”, dijo en la máxima tribuna el legislador Marco Antonio Corona Bolaños Cacho (PRI).
Argumentó lo anterior al presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Social de Baja California; además, expuso la necesidad de que las políticas de desarrollo social en la entidad tengan una nueva perspectiva, con el fin de que sus destinatarios no sólo sean receptores de apoyos, sino también sujetos de verdaderas opciones para acceder a mejores niveles de bienestar.
Corona Bolaños Cacho especificó que su iniciativa propone destinar recursos para identificar oportunidades de inversión; fomentar la generación de actividades productivas; promover alternativas de financiamiento y créditos; brindar capacitación, entre otras medidas.
Aclaró que no está en contra de la implementación de programas sociales, ya que mencionó estar convencido de que la participación del Estado es necesaria para combatir la brecha de desigualdad social, redistribuir la riqueza y enfrentar los problemas diversos que día a
día encaran los ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
“Sin embargo -dijo el presidente de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos de la Vigésima Segunda Legislatura- el asistencialismo debe ser una medida excepcional, mientras que las políticas de fomento, principalmente productivas, deben ser la vía más efectiva que permita a las personas en una situación de desventaja, desarrollar, fortalecer y aplicar sus capacidades de tal forma que se garantice su independencia y superación”.
Enfatizó que el actual marco normativo de Baja California no proporciona las condiciones necesarias para que las personas puedan generar ingresos por sí mismas, o para crear oportunidades conjuntamente con los entes que regulan y aplican la política social. Por lo anterior, refirió que no se está en la posibilidad de lograr la autosuficiencia o mejor aún, la integración plena y en igualdad de oportunidades de las personas en desventaja social.
PODER LEGISLATIVO DE B. C. AVALA INICIATIVA QUE DEROGA EL IEPS, QUE TURNARÁ AL CONGRESO DE LA UNIÓN
- Presentada por el diputado Raúl Castañeda, a nombre de la fracción parlamentaria del PAN y aprobada con dispensa de trámite
La Cámara de Diputados de Baja California aprobó por unanimidad, con dispensa de trámite, una iniciativa con proyecto de decreto presentada por el legislador Raúl Castañeda Pomposo (PAN), la cual deroga el inciso D de la fracción I del artículo 2, así como el artículo 2 A, ambos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que corresponden a impuestos aplicados por el gobierno federal al precio de las gasolinas.
En su exposición de motivos, el diputado panista informó que 6 pesos del precio de cada litro de gasolina que se vende en el país y la entidad, son impuestos: 2 pesos de IVA y 4 pesos de IEPS.
Agregó que el precio por litro de gasolina en Estados Unidos de América es de 8 pesos y en México es de 14 pesos, lo cual quiere decir, dijo, que la gasolina en México es 70 por ciento más cara que la del vecino país, lo que constituye un grave daño para los bajacalifornianos y, correlativamente, también para la región fronteriza inmersa en una intensa competencia económica.
Castañeda Pomposo argumentó, además, que el gobierno mexicano compra en Estados Unidos el 50 por ciento de la gasolina que se vende en el país a un precio de 8 pesos, y ese mismo hidrocarburo lo revende al precio ya mencionado.
Asimismo, mencionó que el precio del petróleo disminuyó 53 por ciento de junio a marzo de 2016, por lo que el incremento impositivo generado por la reforma fiscal para 2017 resulta injustificable.
Refirió que según datos recabados en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República del 5 de enero de 2017, el sobreprecio que se les está cobrando por la gasolina a los mexicanos, “es el equivalente al total del crecimiento de la economía en su conjunto. Esta tendencia recaudatoria arroja un monto de recaudación mayor en 37.2 por ciento a lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para 2016, lo cual permite estimar que para finales de 2017 el gobierno habrá recaudado vía impuestos a las gasolinas alrededor de 300 mil millones de pesos”.
Recalcó que según esos mismos datos recabados en dicha Gaceta, resulta más preocupante que lo recaudado al final de 2016, equivale al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2015, lo cual permite tener un punto de referencia del tamaño del saqueo de recursos que el órgano recaudador realiza a costa del dinero de los contribuyentes.
Por último, destacó que “parte fundamental de esta reforma tiene que ver con una exigencia social y nacional de la mayoría de los habitantes de esta nación, quienes han expresado su malestar por el incremento desmedido, exorbitante y ruinoso generado por el alza en los combustibles”.
En el artículo primero transitorio de esta iniciativa, presentada por el diputado Raúl Castañeda a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, quedó establecido que será remitida formalmente al Congreso de la Unión para su trámite correspondiente.
