Por Jaime Delgado
MEXICALI.- El Alcalde de Tijuana Juan Manuel Gastélum y la Síndico Procurador Ana Marcela Guzmán Valverde, fueron denunciados por el probable delito de Peculado en la asignación del contrato que firmó el XXII Ayuntamiento con la Empresa “Turbofin”, por un monto aproximado de 80 millones de pesos, y que no se quiere revelar el contenido del acuerdo de ese arrendamiento.
La fracción de regidores del Partido Encuentro Social (PES) del Ayuntamiento de Tijuana, integrada por Manuel Rodríguez Monárrez, José Manuel Ortíz Ampudia y Mónica Vega acudieron a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado para presentar una demanda de Juicio Político contra el Alcalde Juan Manuel Gastélum y la síndico Procurador Ana Marcela Guzmán Valverde.
El motivo de la demanda de los ediles del PES es por el ocultamiento de información sobre el contrato millonario a empresa arrendadora de vehículos para el servicio de limpia de la ciudad de Tijuana, además por el probable Peculado en el que está incurriendo los funcionarios.
El regidor del PES Manuel Rodríguez Monárrez y la edil del mismo Partido, Mónica Vega, presentaron la demanda de Juicio Político para inhabilitar y revocar el mandato de los dos integrantes del XXII Ayuntamiento de Tijuana.
El suplente del Alcalde de Tijuana haría mejor trabajo que Juan Manuel Gastélum, dijo el edil Rodríguez Monárrez.
En el contenido de la demanda de Juicio Político presentada por los ediles del PES, se advierte el probable delito con el pago de 20 mllones de pesos a la empresa «Turbofin», para que a su vez adquiriera en renta a otra empresa los camiones, dijo el regidor del PES.
La ganadora del contrato no se dedica a servicios de limpia, como es la recolección de basura doméstica.
El Órgano de Fiscalización debe valorar la denuncia para realizar una investigación, indicó, ya que ase advierte una probable responsabilidad administrativa del Alcalde y Sindico Procurador.
LA FALTA DE TRANSPARENCIA
La regidora del PES Mónica Vega, solicitó copia del contrato con la empresa arrendadora de los camiones de basura, la petición fue hecha a través de la Unidad de Transparencia del XXII Ayuntamiento de Tijuana.
El pasado 8 de junio el Comité de Transparencia resolvió ocultar el contrato por un periodo de 6 meses, situación que deja sospecha en la fracción de ediles del PES del Ayuntamiento de Tijuana.
