EL CONGRESO DE BAJA CALIFORNIA APROBÓ LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
La inicialista es la diputada Iraís Vázquez (PAN)
Está armonizada con la legislación federal en la materia; se deroga la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal
Contendrá 23 capítulos, 84 artículos y 5 transitorios
MEXICALI.- El Pleno del Congreso local aprobó por unanimidad de votos en lo general y en lo particular, el dictamen número 24 proveniente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (Cglpc), el cual contiene una iniciativa por la que se crea la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California (Lpdppsoebc), propuesta por la legisladora panista Iraís Vázquez Aguiar.
En el dictamen, leído en tribuna por el presidente de la Cglpc, diputado Andrés de la Rosa Anaya, se establece que este ordenamiento legal tiene por objeto regular las bases, principios y procedimientos que garantizan el derecho que tiene todo ciudadano a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. En ese sentido, garantiza el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos sencillos y expeditos.
En la Lpdppsoebc se especifica que son sujetos obligados, en el ámbito estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, ayuntamientos o consejos municipales y la administración pública municipal.
Se agrega que los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, serán responsables de los datos personales.
Por otro lado, dispone que el tratamiento de datos personales por los sujetos obligados, “deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera”. Se establece que sólo mediante el consentimiento del titular, dichos sujetos podrán tratar datos personales para finalidades distintas a aquellas establecidas en el aviso de privacidad.
La Lpdppsoebc dispone también que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado tendrá la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en ella.
Dicho instituto podrá imponer, para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, una amonestación pública o la multa equivalente a la cantidad de 150 hasta un mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
En los artículos transitorios se establece que esta nueva ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, además de que se deroga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.
EL CONGRESO DE BAJA CALIFORNIA APROBÓ LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Forma parte de la reforma constitucional del Sistema Estatal Anticorrupción
- Se crea la Auditoría Superior del Estado (ASE) y se le faculta para recibir y presentar denuncias de juicio político
- La iniciativa correspondiente fue presentada por las diputadas Eva María Vásquez e Irais Vásquez y el diputado Alejandro Arregui, aunque se consideraron las observaciones ciudadanas
El pleno de la Vigésima Segunda Legislatura aprobó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, la cual forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción y sustituirá a la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos, vigente desde 2010.
El decreto fue aprobado con el dictamen número 84 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y surgió de la iniciativa presentada por la diputada Eva María Vásquez Hernández y el diputado Alejandro Arregui Ibarra, así como la diputada Iraís María Vásquez, en lo referente a la Contraloría Social.
La aprobación ocurrió en el marco de una sesión extraordinaria, la cual fue conducida por el diputado Job Montoya Gaxiola, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
La norma, que entrará en vigor una vez que se publique en el Periódico Oficial del Estado, se estructura con nueve títulos y 112 artículos más 12 transitorios y tiene su base jurídica en el artículo 37 de la Constitución local.
Entre las reformas que contiene figura el cambio de denominación del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) para pasar a ser Auditoría Superior del Estado (ASE), la cual será dotada con autonomía técnica y de gestión en ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, recursos, funcionamiento y resoluciones.
Su titular será un Auditor Superior del Estado que será electo en base a los requisitos establecidos en la Constitución local.
La ASE conocerá, investigará y sustanciará faltas administrativas que detecte durante la fiscalización. Además se coordinará con la Auditoría Federal para desarrollar su labor y podrá efectuar revisiones del ejercicio fiscal en curso y no sólo de los anteriores, como ocurre en la actualidad, además de ejercicios pasados.
Entre los elementos novedosos destaca la facultad del ASE para presentar denuncias derivadas de sus procesos de indagación de cuentas y la facultad que se le otorga para dar trámite a la presentación de denuncias de juicio político.
Además se precisan obligaciones de publicitar información de auditorías en páginas de internet, en formatos abiertos, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Derivado de sus investigaciones, una vez que se instale todo la infraestructura legislativa correspondiente, la ASE podrá promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Entre las nuevas facultades que tendrá la ASE también destaca la obligación de intervenir en materia de deuda, en lo que vigilará el cumplimiento de obligaciones y financiamientos, así como la fiscalización del cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera.
Un aspecto importante también es el establecimiento de la Contraloría Social, en donde se destaca que la Comisión de Fiscalización del Gasto Público recibirá peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil, las cuales podrán ser consideradas por la ASE en el programa anual de auditorías.
En cuanto a la participación ciudadana, se comentó en los considerandos que se trabajó de la mano con grupos sociales que aportaron observaciones, las cuales fueron integradas en la iniciativa que a partir de este día se convirtió en decreto aprobado por 24 votos a favor de los integrantes de la XXII Legislatura.
