Por Arturo Soto
Se puso intenso el debate en la mesa de estatutos, una de las cinco mesas previas a la Asamblea Nacional de ese partido, a realizarse el próximo sábado y de la que habrán de salir lineamientos que busquen reposicionarlo rumbo a la elección presidencial 2018, a la que habrán de llegar en la posición de fuerza más precaria que se recuerde.
Ni siquiera cuando perdieron las elecciones en 2000 y 2006, el tricolor se encontraba tan alejado del electorado mexicano como hoy, cuando aparece en un lejano tercer lugar en las preferencias.
La mesa de estatutos, que se realizó en Campeche acordó ‘botar’ los candados para permitir que el candidato presidencial pueda ser un no militante, y en caso de serlo, que no requiera acreditar el mínimo de diez años en el padrón, ni haber ocupado un cargo de elección popular antes, lo que algunos interpretaron como una reforma con dedicatoria para José Antonio Meade, el secretario de Hacienda del gabinete peñanietista.
Sobre todo porque la propuesta la hizo el señor José Ramón Martel López, hasta hace poco asesor político del propio Meade Kuribreña, que por cierto ocupó cargos importantes en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. Con esto se estaría enviando un mensaje, no tanto de que el PRI se abre a la sociedad, sino eventualmente, de que a final de cuentas el PRI y el PAN no están tan peleados como lo quieren hacer creer cuando se insultan en público, pero se cachondean rico en privado. Vaya cosa.
También aprobaron una reforma para impedir que aquellos militantes que hayan llegado al Congreso de la Unión por la vía plurinominal, aparezcan en las listas respectivas para llegar a otro cargo por esa misma vía, como habían sido los usos y costumbres desde el siglo pasado en el PRI (aunque también en otros partidos), y eliminaron requisitos como el aval de las centrales y organizaciones tricolores para quien aspire a la candidatura presidencial.
Con esto se busca democratizar los procesos internos, abrirse a la sociedad, evitar la eternización de liderazgos y combatir la proverbial ‘cargada’ a favor del ungido, lo cual suena muy bonito, pero entre los mexicanos hay demasiado escepticismo sobre si estas reformas podrán romper el anquilosado sistema presidencialista, el tapadismo y el dedazo que le han dado fama al tricolor, institucionalizando esas prácticas que tienen que ver con cualquier cosa, menos con la democracia interna, y que por cierto han exportado desde hace al menos un par de décadas, a otros partidos políticos.
Los intentos por ‘botar’ esos candados se habían venido dando desde hace tiempo; uno de los debates más álgidos al respecto se dio en la Asamblea Nacional 2003, con resultados infructuosos para los reformadores. Uno de los damnificados sonorenses de esa asamblea, fue Javier Gándara Magaña a quien le cerraron el paso en su intento por buscar la candidatura del PRI al gobierno del estado.
Y es que uno de los candados en ese entonces, para candidatos a gubernaturas, era el que exigía haber ocupado previamente un cargo de elección popular. Gándara Magaña compitió como candidato del PRI a la alcaldía de Hermosillo en el año 2000, perdiendo ante Francisco Búrquez Valenzuela. Como candidato que fue y por los votos obtenidos, le correspondía en automático una regiduría, pero declinó aceptarla. Eso lo descalificaría tres años más tarde para aspirar a la candidatura del PRI al gobierno del estado, por lo que decidió emigrar al PAN, ganando la alcaldía en 2009 y perdiendo la gubernatura en 2015.
Esta vez, las mesas se realizaron en distintas sedes y con temas específicos: programa de acción, declaración de principios, y rendición de cuentas y ética. Habrán de confluir el sábado en Ciudad de México donde los acuerdos pueden ser ratificados.
Lo que parece un hecho, es que el PRI requiere algo más que reformas estatutarias o documentos rimbombantes para aspirar a meterse en la pelea el 2018. Ya se verá.
II
El tufillo a negociación política en las altas esferas para la liberación del primogénito de Guillermo Padrés Elías, aprehendido y encarcelado en noviembre pasado, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, despertó las sospechas de que en breve, el ex gobernador podría también alcanzar su libertad.
La liberación de Guillermo Padrés Dagnino ocurrió luego del sospechoso desistimiento de la PGR, que dejó sin materia el caso y, conociendo cómo se las gasta la clase política nacional en tratándose de acuerdos bajo la mesa, no fueron pocos quienes albergaron la certeza de que el ex gobernador pronto sea liberado.
Quién lo dijera, pero fue Diego Fernández de Cevallos, hombre cercanísmo al litigio que lleva el despacho de Antonio Lozano Gracia como defensor de los Padrés, quien aclaró que los casos del ex gobernador y su hijo son diferentes y por lo tanto tienen abordajes diferentes. Esto es, que no necesariamente la liberación del junior significa la liberación del padre.
Claro, estamos en México y en épocas preelectorales, así que todo puede suceder. Todo.
Por lo pronto, la noticia de la liberación de Padrés Dagnino fue motivo de júbilo entre los padrecistas locales, y de rabietas e inconformidades; desaliento y frustración entre el priismo y en una buena parte de la sociedad sonorense, que se pregunta si estamos frente a un caso más, otro, de impunidad negociada en lo oscurito de las cúpulas, que a veces parecen cópulas…
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