MEXICALI.- Para este jueves a las 10:00 horas está programada la sesión ordinaria del Congreso del Estado, sin embargo empezó a trascender que la plenaria sería hasta el viernes.
Los diputados locales no han podido reunirse en el pleno, primero por la mañana de las patadas del miércoles 13 de septiembre, luego el jueves 21 apenas alcanzó a trabajar para aprobar un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Político referente al terremoto.
La principal causa de esa paralización son los dos dictámenes polémicos: el 94 que se refiere a la Iniciativa de Decreto para autorizar al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, para celebrar un contrato de servicios plurianual para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de un sistema integral de infraestructura e interconexión tecnológica para la
seguridad pública del Estado de Baja California, presentada por el secretario general de Gobierno, el 12 de junio de 2017.
Es un dictamen de la Comisión de Hacienda que requiere apenas 13 votos.
En el análisis elaborado sobre dicho contrato, se hace referencia que «El poder ejecutivo destinará previa autorización de Congreso del Estado un presupuesto constante de $80,000,000.00 (son ochenta millones de pesos 00/100 m.n.) hasta por diez años a partir de la formalización del contrato respecto el cual deberá formalizarse en términos de la Ley de Obras Públicas, equipamiento y suministros relacionados con la misma del Estado de Baja California y demás normatividad aplicable.
Se ratifica que el Gobierno del Estado podrá suscribir carta de crédito o garantías necesarias para responder en su caso del cumplimiento del contrato que se celebre».
Este dictamen, según ha trascendido ya cuenta con los votos de 11 diputados del PAN (excepto Andrés de la Rosa y Miguel Osuna Millán), pero se sumarían a favor Jorge Núñez del PBC; la bancada del PRI; el legislador de MC, Job Montoya; y Leticia Gorozabe, del PRD. Los diputados de minoría votarían a favor a cambio de un simple cambio: tener participación en la vigilancia en la celebración del contrato.
El dictamen 95 el más polémico
Los tres contratos de Asociación Público Privada (APP), que contiene el dictamen 95 de la Comisión de Hacienda, se refieren a la desaladora Rosarito, pluviales de Mexicali y Desaladora de San Quintín, Ensenada.
Este dictamen para tener su aprobación se requiere 17 diputados, los cuales no se han conseguido: hay oposición en todos lados, no solamente de manifestantes que harán todo para evitar dicha aprobación -así lo ha anunciado el propio Rigoberto Campos-, sino de diputados locales (incluyendo al PAN).
Sobre la APP de la desaladora Rosarito, significa un compromiso financiero por 37 años que suman pagos por contraprestaciones por el orden de los 31 mil millones de pesos.
El Gobierno del Estado será deudor solidario con la Comisión Estatal del Agua (CEA) y Comisión Estatal de Servicio Público de Tijuana (CESPT), y así poder pagar mensualmente la obra y mantenimiento de la infraestructura que realice la planta desalinizadora por un periodo de 37 años.
Los primeros 5 años,a partir de junio de 2019, se pagarán mensualmente a la empresa Aguas de Rosarito S.A. de C.V. más de 149 millones 312 mil 018 pesos y a partir del 6 año será una mensualidad de 84 millones 996 mil 484 pesos hasta el año 2056.
Es decir, solamente para este contrato, las empresas NSC Agua S.A. de C.V., NUWATER, SAPI S.A. de C.V y Degremont S.A. de C.V. que son miembros de la compañía Agua de Rosarito S.A. de C.V. se embolsarán de 2019 a 2023 un total de 8, 958 millones de pesos y del año 6 al 31 serán más de 31 mil millones de pesos por las mensualidades pactadas.
El concepto de pago de contraprestación significará que el Gobierno del Estado contraiga un adeudo de 37 años, con mensualidad fija en pesos y a cambio la Comisión Estatal del Agua tendrá 138.7 millones de metros cúbicos de agua anual proveniente del mar pero ya apta para consumo humano y se entregará en bloque a la CESPT.
DESALADORA ENSENADA
El otro proyecto es la desaladora Ensenada que es un contrato a 30 años y un pago total de más de 4 mil millones de pesos.
El proyecto fue adjudicado a tres empresas privadas: Libra Ingenieros Civiles S.A. de C.V., RJ Ingenieros S.A. de C.V. y RWL Water LLC, con un costo de obra de 568 millones de pesos para obtener del mar agua potable por 7.8 millones de metros cúbicos de agua anual.
Este contrato significa un pago de contraprestación por 360 mensuales, es decir casa mes pagará el Gobierno más e 11 millones de pesos.
Sistema Integral y Monitoreo en Tijuana para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
PLUVIALES DE MEXICALI
El 26 de febrero de 2016 el gobierno del Estado adjudicó contrato de obra, operación y mantenimiento de pluviales de Mexicali que tendrá un costo de 254 millones 703 mil pesos los cuales sufragará la empresa Operadores Pluviales de Mexicali S.A. de C.V.
El contrato es por 15 años y se pagará mensualmente a la compañía de capital privado una mensualidad de 2 millones 453 mil pesos, es decir, más de 441 millones de pesos.
Futura Industrial S.A. de C.V.; Obras y Servicios S.A. de C.V. y Constructora Makro S.A. de C.V. ganaron la licitación y les fue adjudicado la obra de los pluviales, en noviembre de 2019 se empieza el pago y termina hasta el año 2033.
La obra comprende dos ductos paralelos con una longitud de 6.5 kilómetros, no indica dimensiones ni tipo de material, pero se construirán en 22 meses empezando en octubre de 2018.
La no aprobación de este dictamen 95 podría significar una pérdida de 60 millones de dólares que podría pagar el Gobierno del Estado, aunque se descartaría ya que los contratos APP establece que pueden revocarse por «causa de fuerza mayor» y la falta de votación sería suficiente motivo.
