Propone imponer de uno a cinco años de prisión a quien cometa el delito de robo en terreno rústico
Establecer los equipos y materiales considerados para castigar el delito de hurto en el sector rural y pesquero
MEXICALI.- El diputado Job Montoya Gaxiola (MC), en conjunto con el diputado Sergio Tolento Hernández (PAN) presentaron iniciativa con la que se reforma y adiciona el artículo 201 Bis del Código Penal para el Estado de Baja California, donde se establece que quien cometa el delito de robo en terreno rústico, se le impondrán penas de uno a cinco años de prisión y de cien hasta doscientos días multa.
Lo anterior causará efecto cuando este se realice con equipo utilizado para la producción de alimentos en las áreas pesquera, acuícola y agropecuaria,: tal es el caso de motores marinos, bombas de extracción de agua, transformadores y cables eléctricos, instrumentos de labranza, alambre y postes utilizados para cercar, asimismo a la producción generada, semillas cosechadas o por cosechar, fertilizantes, productos apícolas.
La propuesta establece de manera amplia y detallada los instrumentos, equipos y materiales, que se deben considerar para castigar el delito de robo en el sector rural y pesquero.
De igual forma se propone aumentar las penas al servidor público que llegase a estar involucrado en la comisión del delito y se duplicarán cuando se cometa en contra de bienes propiedad del Estado o Municipios.
Montoya Gaxiola expresó: ”Es apremiante que desde las instituciones de gobierno se inicien acciones tendientes a apoyar a los productores agrícolas y evitar que se siga con el robo de semillas, cosechadas y por cosechar, de diversos productos y granos, de fertilizantes, pero también localizar y castigar a los negocios que de manera ilegal compran y venden los productos robados”.
El congresista de Movimiento Ciudadano detalló que los productores manifiestan el incremento de la inseguridad en el campo, la cual se refleja en el robo tipo hormiga de cosechas, el asalto a camiones y trenes que transportan cosechas a los mercados, así como la sustracción de maquinaria y trilladoras, entre otros ilícitos en las comunidades rurales.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis jurídico a fin de revisar su viabilidad y dictaminar en consecuencia.
