Comunicado
Surgió de una iniciativa del diputado Carlos Torres a fin de reglamentar condiciones para que la sociedad civil presente iniciativas
Constituye un avance en democracia al eliminar obstáculos para que la ciudadanía promueva reformas al marco normativo
MEXICALI.- El Pleno de la XXII Legislatura aprobó de manera unánime una propuesta del diputado Carlos Torres Torres, cuyo objetivo es reformar la Ley de Participación Ciudadana para que tanto las organizaciones de la sociedad civil como las instituciones de educación superior, presenten iniciativas ante el Congreso local.
La iniciativa del diputado Carlos Torres fue leída en tribuna por el diputado Luis Moreno Hernández, y sometida a debate parlamentario con el dictamen 37 de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales (CGPC, por medio del cual se aprobó la modificación de la denominación del Capítulo Cuarto del Título Segundo y la adición de los artículos 72 bis y 72 ter; así como la reforma del artículo 73, de la mencionada ley.
Dicha reforma establece las reglas que deberán observar las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y las Instituciones de Educación Superior, para presentar iniciativas ante el Congreso local, aunque se deberá cumplir con el carácter técnico de la norma y reunir las características formales que debe tener un texto normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y la inserción armónica dentro del sistema jurídico y que, además, no transgreda ninguna norma de carácter local o nacional, como tampoco vulnere derechos fundamentales.
En la presentación de dichas iniciativas, las Organizaciones de la Sociedad Civil, deberán acompañar con copia simple del acta de la sesión en la que se acredite que la iniciativa se encuentra respaldada por dos terceras partes del total de los integrantes de la asamblea general, consejo directivo u órgano colegiado facultado para ello.
Por lo que hace a las instituciones de educación superior del Estado, podrán presentar por conducto de su Rector, Director General o máxima autoridad reconocida en su normatividad o estatutos, iniciativas de leyes y reformas a las ya existentes, siempre que sean aprobadas por dos terceras partes del total de los miembros del Consejo Universitario, Junta Directiva o el Órgano Colegiado, sea cual fuere su denominación, que se encuentre facultado para ello.
Respecto al Poder Legislativo, la Comisión deberá decidir sobre la admisión o rechazo de las iniciativas que se presenten dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de su presentación y, para el caso de la iniciativa ciudadana, podrá auxiliarse del Instituto para efecto de verificar el cumplimiento del requisito a que se refiere la fracción I del artículo precedente.
Declarada la admisión de la Iniciativa, en cualquiera de los supuestos indicados con anterioridad, se someterá al trámite legislativo que señala la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.
En caso de que la Comisión no resuelva dentro del plazo anterior, se considerará admitida la Iniciativa para los efectos de esta Ley.
La iniciativa que sea desechada, sólo se podrá presentar hasta el siguiente período de sesiones del Congreso del Estado.
APLAUDE REFORMA EL SECTOR EMPRESARIAL
Previo a la presentación del dictamen 37 de la CGPC ante el pleno, el diputado Carlos Torres, en su calidad de inicialista, ofreció una rueda de prensa en donde explicó los beneficios de su propuesta, en presencia de los dirigentes empresariales Armando León Ptacnik, presidente de la Federación Baja California de Coparmex, Rodrigo Llantada Ávila, presidente de la Coparmex en Mexicali y Alfredo Postletwaite Duhagon, dirigente de la Coalición para la Participación Social en la Educación (Copase), al igual que el secretario de Educación y Bienestar social (SEBS), Miguel Ángel Mendoza González.
Desde su respectiva óptica, estos últimos se pronunciaron a favor de la reforma legal por considerar que contribuyen de manera efectiva al avance de la democracia, al derribar los obstáculos que enfrentaba la sociedad para proponer reformas al marco normativo del Estado.
