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Se destapa “La Rana” como “jefe de la plaza”
La aparición de una nueva fosa clandestina con seis cadáveres en una colonia conurbada de Ensenada, y la colocación de una narco manta del grupo delincuencia identificado como “La Rana”, a escasos metros de la residencia del presidente municipal Marco Antonio Novelo Osuna en el poblado El Sauzal, confirmaron este día el poder, la violencia y la impunidad con la que operan los cárteles de la droga en el municipio más grande de México.
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal ilustrativa: El Diario de Chihuahua.
ENSENADA.- La fosa, la cuarta que se descubre en el municipio de Ensenada en los últimos ocho meses, se ubicó en la colonia popular “El Roble”, en la empobrecida y marginal zona Este de la metrópoli porteña y en donde el pasado domingo 8 de abril por la noche Mario Guadalupe González Sánchez, de 35 años, fue muerto a tiros.
Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) extrajeron de su interior seis cadáveres que ayer martes 10 de abril por la mañana se depositaron en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en calidad de “desconocidos”.
El hallazgo se mantuvo en secreto hasta que los familiares de uno de los muertos, que según peritajes forenses previos tienen entre uno a dos años de haber sido inhumanos clandestinamente en el sitio, se presentaron en el Semefo y por la ropa que portaban los restos identificaron a la víctima. Llegaron a la dependencia por un aviso anónimo, no por un comunicado de las autoridades ministeriales, dijeron A los 4 Vientos.
Se prevé que mañana temprano, otro grupo de personas con familiares desaparecidos en Ensenada se presentarán en las instalaciones del Forense para revisar los esqueletos ya que hasta la mañana de hoy éstos mantenían la ropa con la que las víctimas fueron enterradas.
La noche del miércoles 11 de abril, luego de la publicación en A los 4 Vientos del descubrimiento, la PGJE emitió un comunicado en el que dice que una persona reportó el martes al centro de mando el hallazgo de huesos en sepulturas clandestinas. Esto motivó que la Policía Ministerial del Estado, “mediante investigaciones realizadas durante dos días, hallaran los restos humanos enterrados en cuatro puntos” en un paraje del fraccionamiento El Roble.
“Los cadáveres, seis en total, presentaron huellas de violencia; a simple vista tenían cinta adhesiva en el cráneo y estaban maniatados”, destacó el escueto y apresurado escrito informativo.
Esta es la cuarta ocasión que se localizan fosas clandestinas en Ensenada. De acuerdo con cifras oficiales, de ellas se rescataron 18 cadáveres.
La primera se localizó en un predio del ejido Nueva Odisea, delegación San Quintín. El 13 de agosto del 2017, peritos de la PGJE rescataron seis cuerpos de un pozo y un cobertizo abandonado. Una de las víctimas era mujer. De los sacrificado cuatro fueron desmembrados, otro recibió al menos tres impactos de arma de fuego y uno más fue incinerado.
El 31 de diciembre del 2017 se reportó otra fosa en las inmediaciones del Rancho Las Chichis en el Valle de La Trinidad. La PGJE tardó 13 días para rescatar cuatro cadáveres, entre ellos el de una mujer, luego de impedir el acceso al sitio a familiares de personas desparecidas de la región y el valle de San Quintín, quienes fueron los que descubrieron la sepultura clandestina.
Y el 23 de enero del 2018, apenas diez días después de que la fiscalía estatal cerrara el caso en Las Chichis, personas con familiares desaparecidos encontraron otra tumba ilegal a escasos 20 kilómetros del rancho donde se exhumaron los cuatro cadáveres en el Valle de La Trinidad. Se rescataron los cuerpos sin vida de dos hombres.
El desdén del gobierno de BC
De acuerdo con información del presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Fernando Oceguera Flores, cuando la organización civil acudió en enero al Valle de La Trinidad para dar apoyo y asistencia a personas que deseaban conocer si alguno de los seis cadáveres que se exhumaron en las dos fosas clandestinas eran sus familiares desconocidos, constató el grave problema que existe en esa región de Ensenada.
“Atendimos a un total de 49 personas que representaban al menos 35 casos comprobados de personas desaparecidas, una cifra muy alta para un problema que desconocíamos porque las autoridades lo mantenía oculto,” indicó.
La estadística reveló la verdadera dimensión del inconveniente cuando se comparó el número de casos que la asociación registró tan sólo en La Trinidad, con la cifra que la PGJE reportó de manera oficial a la organización civil con sede en Tijuana: Nueve desaparecidos en todo el municipio de Ensenada en el periodo 2006 a 2014.
Además, hasta la fecha –aseguró el activista- la PGJE no abrió ninguna carpeta de investigación de las fosas clandestinas de Ensenada, por lo que las personas con desaparecidos en el municipio no recibieron ni tienen algún tipo de orientación y apoyo para dar con el paradero de sus familiares.
De hecho, en Baja California no existe un Banco Genético que ayude a identificar con pruebas de ADN los restos que se rescatan en fosas y lugares públicos, y la legislatura estatal se niega a homologar las leyes locales con la Ley General de Víctimas, de aplicación federal desde el 2013, lo que pone a Baja California como una de las dos entidades que en el país aún no hacen la sincronización judicial.
Por ello, destacó Fernando Oceguera, entre otras cosas no se pueden destinar recursos para la atención de las víctimas de delitos en el estado.
“Por ley, si ésta se homologara con la federal, ese presupuesto debería ser 80 millones de pesos al año, pero desde febrero del 2017 proponemos que sean 20 millones que fácilmente se pueden obtener de los decomisos de droga que este año se han hecho en Baja California, que según cifras oficiales representan 900 millones de pesos; pero simplemente no avanzamos.”
También desde noviembre, con la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el gobierno estatal debería trabajar en la creación del Sistema local de Búsqueda de Personas, la Comisión estatal de Búsqueda y un Consejo Ciudadano independientes de las autoridades regionales.
Aún hoy no ha iniciado ni hecho ninguna de estas iniciativas.
Por eso, con el apoyo de la Policía Científica Federal, integrantes de la Asociación Unidos por los Desaparecidos se trasladará al Centro de Salud del poblado Vicente Guerrero, en el Valle de San Quintín, para la toma gratuita de ADN a toda aquella persona que tiene familiares desaparecidos en aquella región agrícola de Ensenada, una de las más afectadas por la inseguridad y los delitos de alto impacto.
“Estaremos en esa localidad del 20 al 22 de abril. Las muestras que tomemos se resguardarán en un Banco Genético que abrimos gracias al apoyo que recibimos de la Policía Científica Federal,” dijo el activista.
La “Narcomanta” y “La Rana”
Y mientras aparecía la nueva fosa en El Roble y se exhumaban y ocultaban los cinco cadáveres, la mañana del lunes 9 de abril, en las inmediaciones del domicilio del presidente municipal Novelo Osuna en El Sauzal –cinco kilómetros al norte de la ciudad de Ensenada-, se colocó una manta que textualmente decía:
“Ensenada es la plaza ahora me pertenece a chingar su madre. C.J.N.G. (Cartel Jalisco Nueva General), CAF (Cartel Arellano Federal) y Cartel de Sinaloa”.
En otro color se puso: “Trucha porque se mueren.” Y firma: “Atentamente: Cartel La Rana”
Aparentemente, el grupo delictivo que dejó el mensaje es el que en Ensenada –dice la PGJE, el Consejo Estatal de Seguridad, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)- encabezan los hermanos René y Alfonso Arzate.
Ellos, conjuntamente con presuntos delincuentes a quienes las autoridades estatales, federales y el ejército identifican con los motes de “El Brusco”, “El Ocho”, “El Polo”, “El Poncho” y “El Morrillo”, trabajan para Misael Frías Ochoa “El Misa”, ex miembro del Cártel Arellano Félix y actualmente preso bajo acusación de ser quien organizó el ataque alPalenque ”Poker” -23 de enero del 2016- que dejó 18 víctimas, de las cuales cuatro resultaron muertas (dos de ellas menores de edad).
