Senado aprobó la figura en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Bonilla solicitará licencia para asumir el cargo de Coordinador de Programas Integrales de Desarrollo
Gobernador es el Jefe Constitucional, aclara Bonilla
MEXICALI.- El desplegado firmado por 11 gobernadores con militancia panista, como Francisco Vega de Lamadrid, solicitan al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que no haya imposición en los estados de los llamados «superdelegados».
El Senador Jaime Bonilla, quien ocupará el cargo de Coordinador de Programas Integrales de Desarrollo, dijo que el desplegado de los gobernador panistas es una sobrereacción.
Los coordinadores de Programas Integrales de Desarrollo, tendrá participación en materia de seguridad y coordinará todas las Delegaciones Federales en las respectivas entidades federativas, dijo.
En el desplegado, los mandatario estatales con militancia del PAN, indica: «Ese desdén es inaceptable para nosotros porque no sólo pone en riesgo estos objetivos sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales». Y firman los titulares de los poderes ejecutivos de Baja California, Baja California Sur, Durango, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Yucatán, Querétaro, Quintana Roo, Nayarit, Aguascalientes y Puebla. El Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, no firmó el documento.
Al respecto, fue entrevistado el senador Jaime Bonilla, quien solicitará licencia para asumir el cargo Coordinador de Programas Integrales de Desarrollo en Baja California, dijo que los Gobernador emanados del PAN están sobrereaccionando, «el que nada debe, nada tiene».
«Se sienten intimidados», expresó Bonilla.
En la segunda semana de diciembre, una vez que asuman el cargo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, tomarán protesta los coordinadores de los Programas Integrales de Desarrollo.
«El Gobernador es el Jefe del Estado constitucionalmente hablando, los poderes no se les quitarán», reiteró el Senador Bonilla.
El Senado aprobó este jueves la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en sesión ordinaria se aprobó por mayoría de los senadores de Morena y se incluye la figura del Coordinador o «Superdelegado».
Bonilla dijo que ahora se les quitará a los gobernadores el manejo de recursos y designación de delegados federales. «Históricamente los gobernadores ponían y quitaban Delegados Federales, eran figuras ad hoc.
«Si este régimen hubiera estado hace 6 años no tuviéramos a los Moreira (Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila), los Padrés (ex gobernador de Sonora) y los Duarte (Javier Duarte, de Veracruz y César Duarte, de Chihuahua)», indicó Jaime Bonilla.
Se toma el control de las Delegaciones Federales y ahora no se podrá echar mano de los recursos, dijo, habrá control.
En materia de seguridad, los «superdelegados» trabajarán de manera coordinada con Ayuntamientos y Gobiernos de los Estados, precisó.
El Gobernador será quien encabece las mesas de seguridad, pero el Coordinador de Programas Integrales de Desarrollo tendrá un espacio, y no habrá nada qué temer, nada de esconder información, estableció.
«Habrá rendición de cuentas, al Gobernador le convendrá», anotó.
Sería el próximo 10 de diciembre, aproximadamente, cuando se tome protesta como Coordinador de Programas Integrales de Desarrollo, dijo el Senador Jaime Bonilla, igual que él, 5 ó 6 Senadores solicitarán licencia para asumir esa función designada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Desplegado íntegro firmado por Gobernadores emanados del PAN.
Lic Andrés Manuel López Obrador
Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos
Presente
El federalismo es una decisión constitutiva de la Nación mexicana.
Un arreglo institucional que asigna responsabilidades y deberes para mejor proveer al bienestar de los mexicanos.
Si bien nuestro federalismo enfrenta problemas y desafíos incuestionables sobre todo en las materias hacendaría y de seguridad debe ser el punto de partida para que el Estado mexicano construya capacidades suficientes y eficaces para garantizar los derechos de las personas prestar servicios públicos con eficiencia preservar la gobernabilidad democrática y hacer valer el Estado de Derecho.
La condición esencial de funcionamiento de un Estado federal es la coordinación la colaboración y la ayuda subsidiaria entre los órdenes de gobierno.
Desde esa convicción expresamos nuestra disposición a construir con el nuevo gobierno instituciones sólidas y políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos erradicar la corrupción mitigar la desigualdad y restaurar la convivencia pacífica en nuestras comunidades.
Nuestros gobiernos colaborarán en el ámbito de su competencia con las autoridades federales.
Pero la colaboración no debe ser entendida como sometimiento de los órdenes locales incluyendo a las autoridades legítima y legalmente elegidas para gobernar como es nuestro caso.
El país se construye de abajo hacia arriba desde el espacio local.
Resolver los problemas requiere conocimiento del territorio cercanía con la población y atención a las peculiaridades de cada región.
Las prioridades regionales deben definirse de manera conjunta considerando las condiciones particulares de cada entidad federativa No se imponen desde el centro.
La colaboración en materia de seguridad debe ser abordada bajo una óptica estrictamente institucional blindarla de componentes y fines político electorales para hacerla un campo de neutralidad política que eleve la mirada por encima de diferencias ideológicas considerando en ello factores de responsabilidad legal y representatividad entre autoridades eficiencia secrecía profesionalismo.
Por ello nos sorprende la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los llamados Coordinadores Estatales del Gobierno Federal y colocar a los Gobernadores y Fiscales de los Estados como meros Invitados.
Ese desdén es inaceptable para nosotros porque no sólo pone en riesgo estos objetivos sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales.
El camino para resolver el gran pendiente de la seguridad es por un lado atender las causas criminógenas del delito y de la violencia sobre todo las que facilitan la captura de los jóvenes y grupos vulnerables por el crimen organizado y por otro lado fortalecer
las capacidades civiles de policía investigación procuración de justicia y reinserción social.
En particular establecer políticas de largo plazo e invertir recursos en el reclutamiento profesionalización y dignificación salarial y gremial para las policías federal y locales bajo un diseño institucional que precise los tramos de responsabilidad y los mecanismos de colaboración auxilio y sustitución subsidiaria.
Asimismo fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública para que el esfuerzo del Estado mexicano en esta materia se oriente a objetivos claros transparentes medibles y evaluables.
Un sistema que fije con eficacia las obligaciones procesos y consecuencias para que cada componente de la Unión haga bien la parte que le corresponde.
Reconocemos la contribución que las fuerzas armadas mexicanas realizan todos los días por la seguridad de los ciudadanos y estamos de acuerdo en la imperiosa necesidad de que continúen con esa extraordinaria labor de apoyo a la seguridad de la sociedad
mexicana.
Pero su presencia responde a una necesidad provocada por la omisión política de construir capacidades civiles.
Las fuerzas armadas deben participar en auxilio y colaboración de las autoridades competentes en circunstancias especialmente apremiantes que pongan en riesgo la soberanía e independencia nacional la continuidad del orden constitucional la integridad
del pacto federal la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos.
La función de las fuerzas armadas no es la de primeros respondientes sino el último recurso del Estado para preservarse.
Los primeros respondientes somos quienes fuimos votados por los ciudadanos para velar por su tranquilidad.
No podemos pedir más a las fuerzas armadas de manera indeterminada si de la mano no trazamos una ruta de mejora de las policías civiles federales y especialmente estatales y municipales.
Estamos convencidos de que México debe avanzar hacia una normalidad en la que la seguridad sea una condición generada desde las responsabilidades jurídicas y políticas.
El camino del entendimiento está trazado en la Constitución en el federalismo en la división de poderes en el respeto a los derechos y libertades en el diálogo incluyente y participativo.
Cualquier atajo en ese camino sólo conduce a desencuentros que siempre pagan muy caro todos los mexicanos.
Reiteramos sin reserva alguna nuestro respeto reconocimiento y gratitud a nuestras fuerzas armadas nuestra voluntad de diálogo y colaboración con el nuevo titular del ejecutivo por el bien de México como corresponde a una democracia que aspira a con
solidarse con el esfuerzo de todos.
Atentamente
C P Martín Orozco Sandoval, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes
Lic Antonio Echevarría García, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
Lic Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California.
Dr José Antonio Gali Fayad, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla
Mtro Carlos Mendoza Davis, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur.
MVZ Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Querétaro.
Lic Javier Corral Jurado, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.
C P Carlos Joaquín González, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Dr José Rosas Aispuro Torres, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Durango.
Lic Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
Mtro Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guanajuato.
Lic Mauricio Vila Dosaí, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Yucatán.
