Por: Milthon Minor/GatoxLiebre
Candidatas del PRI y del PBC a la presidencia municipal de Mexicali, prometieron bajar el precio del transporte público, uno de los más caros del país, aunque esta propuesta es inviable, según un especialista.
Elvira Luna Pineda, del Partido de Baja California, prometió disminuir el precio del boleto de $15.50 a $10 pesos. Mientras que Guadalupe Gutiérrez Fregoso, del partido tricolor, argumentó que los cachanillas destinan hasta el 40% de sus salarios en este rubro.
En la opinión de Roberto Valero Berrospe, quien preside el Centro de Estudios Económicos de Baja California, se trata de una promesa inviable, pues el porcentaje de usuarios del camión es bajo.
El consejo Municipal del Transporte le da la razón. Éste dice que sólo un 8% de la población de Mexicali lo utiliza.
Además consideró que el Ayuntamiento de Mexicali no está en condiciones de subsidiar el transporte público, y opinó que tampoco se vislumbra un incremento en el número de usuarios del servicio, que pudiera servir para disminuir su costo.
En Mexicali existe una proliferación de automóviles que de acuerdo al especialista, impacta en el costo del transporte.
“Es una cuestión de mercado, si hay pocos demandantes el precio va a subir”, comentó.
En 2018, Mexicali se ubicó como la segunda ciudad a nivel nacional con la tarifa de transporte público urbano más cara, al darse un incremento de 13 a 15.50 pesos.
En ciudades como Guadalajara cuesta entre 7 y 12 pesos; en Puebla, 6 pesos; Toluca, 10 pesos; y en Morelos, 8.50 pesos, según datos del año pasado.
Valero Berrospe comentó que en Mexicali tal vez podría disminuirse a 12 pesos, pero con una serie de estrategias complementarias, al tratarse de un problema estructural.
Habría que ver de dónde se obtendrían fondos. “Hay que recordar que las finanzas del Ayuntamiento de Mexicali no son sanas y son dependientes de la (alta) nómina de burócratas”, comentó.
La vía para cumplir con esta promesa, opinó que sería un subsidio por parte del gobierno del estado.
Pero este año, Baja California sufrió un recorte presupuestal y obtuvo 5% menos en las participaciones federales, por lo cual consideró que tampoco es viable.