Con información del comunicado
TIJUANA.- En su diaria transmisión en vivo por Facebook, el gobernador Jaime Bonilla, se puso a defender el contrato millonario que podría contraer a nombre del Gobierno del Estado para comprar energía por un periodo de 30 años y que costaría casi mil millones de pesos por cada uño.
Bonilla siguió desestimando las preguntas hechas durante la transmisión sabatina, sin embargo, no logra dar explicaciones para saber el nivel de endeudamiento o de compromisos financieros para las deterioradas finanzas estatales.
1.Actualmente el Acueducto ya es abastecido de energía limpia (gas natural) por un Suminstrador de Servicios Calificados (GEN), a un costo relativamente bajo y con un contrato a largo plazo que contendrá seguramente penalidades de salida (litigios).
2.- Al no definir la autorización del Congreso un margen de ahorro específico respecto del actual contrato de suministro (mínimo del 20, 15 ó 10%), se corre el riesgo de que con todo y que sea licitado el ganador sólo ofrezca un margen de ahorro pequeño (que puede ser de sólo 1 peso respecto del actual contrato.
3.- Al autorizar al ejecutivo a suscribir carta de crédito o garantías necesarias (participaciones federales) para el cumplimiento del Contrato, se está prácticamente autorizando un endeudamiento (directo o indirecto) al ejecutivo estatal.
En suma, si bien es loable que se recurra a uso de energías renovables (solar), es prematuro y sospechoso que se autorice al gobernador para firmar un contrato, cuando ni siquiera se tienen estimados los ahorros reales que se obtendrán con otro suministrador de energía eléctrica para el acueducto.
Bastaría con fijar el costo del kw con el suministrador actual y el costo mínimo esperado con el nuevo suministrador.
Lo más lamentable es que el estado tendrá que recurrir a deuda o a otorgar garantías para que una empresa particular reciba financiamiento para hacer el suministro.
Dicho esquema es contrario a lo establecido por el señor presidente de no cobijar y no favorecer a empresas privadas de energía eléctrica, sino fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y consolidar la soberanía energética.
Comunicado
AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO NO ES PARA DEUDA, ES PARA COMPRAR ELECTRICIDAD PARA B. C., ACLARA EL GOBERNADOR JAIME BONILLA VALDEZ
- Se comprará el insumo a la empresa que resulte ganadora de un concurso de licitación y que venda la energía a costo más bajo que el actual.
- «El déficit por el momento es de 400 megawatts; y esto significa un problema tremendo; no podemos operar y menos crecer», aseguró el mandatario estatal.
El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, precisó en forma categórica que la reciente aprobación del Congreso local, no es para contraer deuda, sino para comprar electricidad necesaria a la empresa que garantice mejor precio, inversión nacional en la región, suministro suficiente y que, al concluir el período del contrato, ceda las instalaciones al patrimonio de Baja California.
“Este Gobierno, como ningún otro, es transparente y claro… informa con honestidad sus planes, con todos los detalles… y en este tema, no es distinto… Baja California requiere con urgencia contar con sus propias fuentes de energía eléctrica y no depender de generadoras privadas que su prioridad es exportar su producción al extranjero, como otros gobernantes lo propiciaron y toleraron, frustrando el desarrollo de nuestra entidad”, dijo.
Respondió a varias preguntas de internautas que participaron en la video-conferencia en sus redes sociales, incluyendo periodistas, a quienes identificó y atendió diligente, para disipar sus confusiones y dudas respecto a esta temática.
“No es para contraer nueva deuda, la autorización de la Legislatura local, es para cumplir con el protocolo y someter a licitación la contratación de una empresa generadora de electricidad que cubra el déficit actual; lo que le pedimos nosotros a la empresa (que resulte seleccionada del proceso) es que venga y se instale, que ellos arriesguen su dinero, no el Estado”, apuntó.
Enseguida, puntualizó: “…nosotros les vamos a comprar la electricidad que necesitamos, nada más, para subsanar el déficit que, por el momento, es de 400 megawatts; y esto significa un problema tremendo; no podemos operar el acueducto y otros servicios, como tampoco recibir nuevas inversiones de otras empresas que quieren instalarse en Baja California, pero que requieren de electricidad; eso nos impide crecer».
El jefe del Ejecutivo estatal aprovechó la presencia de la secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial (SIDURT), Karen Postlethwaite Montijo, para que explicara al detalle el proyecto de solución para cubrir el déficit de energía eléctrica que impide a Baja California recibir nuevas empresas y mejorar las condiciones de vida de los bajacalifornianos.
Así fue que la titular de SIDURT detalló los alcances de este proyecto trascendental para Baja California, ante la advertencia del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de que no está dentro de sus proyectos extender la red eléctrica nacional para integrar a Baja California.
Dijo que la entidad necesita de un ahorro del 20 al 30% en energía y que la solución más viable fue establecer un protocolo en el que, uno de los puntos principales, es la autorización del Congreso para celebrar, en su momento, el contrato de compra de este insumo a un inversionista (empresa mexicana), que venda y suministre el fluido eléctrico necesario a un mejor precio que el actual, y no a empresas extranjeras que tienen como prioridad exportar su producción de electricidad.
La secretaria abundó al decir que, dentro de las características que se contemplan en el contrato, es que la planta fotovoltaica se construya en la entidad; que el inversionista conozca la situación actual del estado; que provea de la electricidad necesaria y suficiente en los términos de precio y volumen que se requiere; y que, una vez terminado el contrato, las instalaciones (la planta) pase a ser un activo del Gobierno de Baja California, que podrá seguir operándola para detonar la instalación de nuevas empresas e industrias en la región.
Al precisar en la importancia de estas acciones, puntualizó: «El mayor consumidor de energía en Baja California es el Acueducto Río Colorado Tijuana (más de mil millones de pesos anuales) requiere 80 megas de potencia; si nosotros somos eficientes en el consumo de energía del acueducto y generamos una planta que abata el 20% del déficit, ayudaremos a tener un mejor precio de kilowatts-hora para el acueducto, invitando a un generador».
Al referirse al ARCT, como la principal infraestructura que abastece de agua a los municipios de la zona costa del Estado (Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada), la funcionaria refirió las condiciones actuales, las cuales requieren de una atención inmediata, como el mantenimiento en sus componentes mecánicos y eléctricos, la actualización de sus equipos de bombeo y equipos de mejor eficiencia.
«En noviembre de 2019 –cuando inició la nueva administración estatal- nos encontramos con esta infraestructura, de las más vitales, en muy malas condiciones; tuvimos que tandear el agua en Tijuana, en diciembre, porque la presa El Carrizo no tenía el suficiente volumen. ¿A qué va ligado esto con la energía?, a que, para llevar el agua desde el Río Colorado hasta la presa El Carrizo, hay que abatir un área de altura de 1,200 metros, y eso representa un costo muy alto», comentó.
En este sentido, la titular de SIDURT agregó que la administración la recibieron con deudas de más de $180 mdp por consumo de electricidad (comprada a un proveedor particular) y por eso no estaba funcionando la planta de bombeo del acueducto, lo que provocó que la presa “El Carrizo” en Tijuana, tuviera poca agua, razón por la cual, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, instruyó desde el primer momento atender el tema de manera urgente y de fondo; y que eso ya no represente un problema para Baja California.
A lo anterior se suman las inoperantes condiciones del equipo de bombeo de la Planta Cero del ARCT, que sufrieron descomposturas y el gobierno saliente optó por ya no invertir o pagar las reparaciones, aduciendo insolvencia o falta de flujo en sus finanzas; ahora toca a la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA), a cargo de su titular Salomón Faz Apodaca, comprar nuevas bombas para operar al cien por ciento su capacidad.
