Busca Fiscalía procesar por otro delito a Roberto Villar, quien tuvo como defensa en el Juicio al actual Fiscal Regional Pedro Mendivil
MEXICALI.- Después de que un juzgado federal determinara la libertad de Roberto Villar, sentenciado a 27 años de prisión por el asesinato de la maestra Alejandra Martínez Jaime, en hechos sucedidos en 2011, la Fiscalía del Estado dijo que esa determinación no les correspondió y que buscarán imputar al supuesto ejecutor de la profesora mexicalense.
Hay que recordar que el Fiscal de Mexicali, Pedro Mendívil, fue el Abogado defensor de Roberto Villar, y que en la rueda de prensa en este marte no habló, se quedó callado, fue el Fiscal Central, Hiram Sánchez, quien expuso que debido al mandato de un juzgado federal, Roberto Villar fue puesto en libertad en enero pasado, lo que causó malestar, especialmente para la familia de la víctima, quien ni siquiera fue notificada de la determinación del juzgador ante la solicitud de Juicio de Amparo.
Incluso el Juicio de Amparo fue promovido por Pedro Ariel Mendívil, Fiscal local, y Abogado del sentenciado.
Hiram Sánchez dijo que la determinación de dejar libre al ex novio de la víctima emana de un Tribunal Federal, no de la Fiscalía, por lo que debió haber sido el juzgador quien notificará a los terceros interesados en el caso, como es la familia de la maestra Alejandra Martínez Jaime.
Dijo que ya no existe otra instancia en la que se pueda apelar la sentencia de libertad, por lo que la Fiscalía de Baja California, analiza el expediente con el fin de determinar si se puede procesar al hoy liberado por algún otro delito.
Agregó que se determinó conformar una unidad mixta conformada por la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, Fiscalía de Delitos contra Mujeres por Razón de Género y Fiscalía de Unidades Especiales , analizar alguna conducta delictiva que se haya podido actualizar e integrar y judicializar por otro delito como puede ser desaparición forzada de personas.
El Fiscal Central, agregó que también se analizará si los servidores públicos que trabajaron en el caso e integraron la investigación, cometieron fallas o errores que hallan redundado en que se haya dejado en libertad al presunto asesino, y en caso de que así haya sido, se impondrán las sanciones que correspondan.
