video cortesía Jorge Heras
COMUNICADO DE PRENSA
MEXICALI – De manera arbitraria, el gobierno de Jaime Bonilla intentó detener al secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción bajo el supuesto de iniciar una investigación administrativa.
Personal de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública se apersonaron en las instalaciones de la SESEABC para realizar una auditoría.
Se les informó que la Secretaría de Honestidad y Función Pública carece de facultades para iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa toda vez que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California señala que esta actividad le corresponde a un Órgano Interno de Control designado por el Congreso del Estado.
El diseño de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California busca evitar la posibilidad de intromisiones del Poder Ejecutivo en un órgano garante del combate a la corrupción.
Ante la falta de titular del Órgano de Control, la Auditoría Superior del Estado de Baja California ha fiscalizado la cuenta pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de los ejercicios 2018 y 2019.
Se trata de un abuso de poder, dijo Irineo Romero, quien explicó que al ver descubierta la improcedencia legal de esta detención le hicieron entrega del oficio de una suspensión temporal por parte de la SHFP hasta en tanto termine una supuesta investigación.
Con seis policías del gobierno municipal de Mexicali, el subsecretario de la Honestidad y Función Pública, Mario Alzate Cruz, y el director de Vinculación con el SEA, Luis Athié Núñez, irrumpieron a las instalaciones de la SESEABC para detener a Irineo Romero, sin un documento que justificara sus intenciones.
Además vía oficio, la SHFP del gobierno de Jaime Bonilla notificó la suspensión de titular de la SESEABC, la cual resulta también ilegal toda vez que es un órgano descentralizado de la esfera del Poder Ejecutivo.
De acuerdo al artículo 24 de la ley es un organismo descentralizado no sectorizado con personalidad jurídica y patrimonio, con autonomía técnica y de gestión.
Irineo Romero dijo que recurrirá a las instancias correspondientes para hacer prevalecer el estado de derecho.
