Por Dianeth Pérez Arreola
MEXICALI.-El lunes 19 de abril, recibí dos nuevos oficios de autoridades de Sonora y Baja California donde piden bajar toda la información referente al reportaje publicado a fines de febrero en el portal que dirijo, www.yorechazolacorrupcion.com sobre la red de empresas creadas por quien fuera jefa de la Oficina de la gobernadora Claudia Pavlovich, y hoy candidata a diputada plurinominal, Natalia Rivera Grijalva.
Ese día, en mi calidad de directora del portal, participé en una entrevista radiofónica en Proyecto Puente, en Sonora. Di detalles del contenido de nuestra investigación y pormenores de la censura sufrida a raíz de que Rivera Grijalva solicitara una medida de protección contra mi alegando “violencia política contra la mujer en razón de género”, y solicitando bajar la información en el oficio FEBC-DIOF0013/2021 de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Baja California, recibido el 23 de marzo pasado. Tras mi intervención, fue entrevistada Rivera Grijalva.
A las pocas horas, recibí una nueva notificación de medida de protección, esta vez de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con fecha de ese mismo día. Me piden lo mismo que el primer oficio: bajar la información sobre el caso de las redes sociales, petición que ya había sido acatada.
El documento lo firma la licenciada Rosaura Reyes Cisneros, agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, y contiene tres errores en la liga de referencia a la red social del portal: www.facebool.com/yorechazilacirrupcion. La pena al incumplimiento de la medida es un arresto de hasta 36 horas. Al haber bajado desde marzo la información del canal de YouTube, todas las ligas al video quedaron rotas, así que esta nueva medida de protección carece de fundamento y se hace más evidente el acoso por parte de la hoy candidata con ayuda de las autoridades.
El otro documento recibido ayer, es de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Tiene fecha del 5 de marzo y está firmado por el licenciado Ramón Gustavo Salazar Arriola, agente del Ministerio Público Especializado en Materia de Delitos Electorales. En el documento de 15 páginas, vienen subrayadas varias líneas: “Fracción V: La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos”… “Publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer, que no tenga relación con su vida pública”… “Degrade o denigre a una mujer”.
Este documento, que tardó 44 días en llegar, fue al parecer el fundamento en el que se basó la Fiscalía Electoral de Baja California para hacer la notificación de la medida de protección.
La organización de defensa de periodistas, Artículo 19, emitió ya una alerta sobre el caso y el Comité para la Protección de Periodistas hará lo mismo esta semana.
Rechazamos el uso ilegítimo del argumento de violencia política en razón de género para silenciar una investigación periodística basada en documentos oficiales y creemos que utilizar y conceder estos recursos legales son graves obstáculos para la libertad de expresión.
