Empresa renuncia a contrato por resultarle incosteable por los moches
TIJUANA.- Existe una Ley de transición o de entrega y recepción del gobierno del Estado, para regular el paso de un gobernador en funciones a uno electo. Es para «atarlo de manos» con el fin de que no autorice contrataciones millonarias, bases nuevas en la burocracia, Notarías Públicas o modificaciones presupuestales.
Es decir, Jaime Bonilla, está «atado», así como lo estuvo el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, para que no siguiera despilfarrando el erario. El mandatario estatal tiene que dejar, por Ley, finanzas «aceptables», sin deudas a corto plazo, sin plazas extraordinarias o contrataciones de compras de mercancías o servicios, que comprometen a la nueva gobernadora electora.
Sin embargo, la empresa «Rust Servicios Ambientales e Ingeniería, S.A. de C.V.» a quien en enero pasado se le adjudicó directamente el contrato DAD-ADQ-CESPT-06-21 (consultable en https://www.cespt.gob.mx/Documentos/Licitaciones/lic_docs/2021/DAD-ADQ-CESPT-06-21_DICTAMEN.pdf) para el «SERVICIO PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBICOS DE TIJUANA” por un monto de 29.7 mdp con vigencia del 5 de febrero al 31 de octubre de 2021 (contrato consultable en https://www.cespt.gob.mx/Documentos/Licitaciones/lic_docs/2021/DAD-ADQ-CESPT-06-21_CONTRATO.pdf) habiendo «sacado» a la empresa Suez México, S.A. de C.V., una empresa transnacional de origen francés y líder mundial en planeación, construcción y operación de plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas negras, para otorgarle el contrato el Secretario Salomón Faz; el Director de CESPT Eliel Vargas; el Subdirector Financiero Armando Reyes Arana; y el Jefe de Compras Francisco Muñoz Ledo, a la empresa «RUST».
Ésta última, «RUST», en días pasados presentó un escrito manifestando que se retiraría de las plantas porque venían haciendo descargas al Río Tijuana (mismas que fueron documentadas en video, que se adjunta), ya que no se les advirtió antes de otorgarles el contrato que dicha empresa debía adquirir y aplicar las sustancias químicas para el tratamiento de las aguas negras de las plantas «Ing. José Arturo Herrera Ortíz», «La Morita» y «Natura», cuyos costos son elevados, además de que en su escrito manifestó que le resultaba incosteable por la «comisión» que les requería el Subdirector de CESPT Armando Reyes Arana.
Ese escrito en cuanto fue detectado por el director de la paraestatal ordenaron al departamento jurídico recoger el original del archivo y a sus informáticos de confianza desaparecer todo registro electrónico del mismo.
Posteriormente convocaron a una reunión con la empresa para exhortarles en buenos términos a presentar un escrito exponiendo otras causales en las cuales ambas partes convinieran, sin penalizaciones o «daños colaterales», la terminación anticipada del contrato.
Ahora, por influencias del ex director de CESPT, Rigoberto Laborín, quien se vende como el máximo local en temas de saneamiento, se le está allanando el camino a la empresa RECOLECTORA DE BASURA «King Kong» para que sirva de prestanombres de Laborín y se quede con el contrato, no obstante que dicha empresa no tiene en su actividad comercial la planeación, construcción ni operación de plantas de tratamiento, ni experiencia en esa materia que se les conozca.
Esta es una de las razones por las cuales el gobernador Jaime Bonilla, ordenó al Congreso del Estado, días de culminar su gestión, emitieran un decreto de reforma a la Ley de Entrega Recepción de los asuntos públicos para que se permita otorgar concesiones y hacer contrataciones dentro de los 90 días previos a la entrega de la administración estatal, con el plus de que también dicha reforma ordena mantener al margen o fuera de cualquier conocimiento o participación a la administración entrante.
Esto es irónico, precisamente fueron los morenistas Jaime Bonilla; el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano y Catalino Zavala, secretario de Educación, quienes trataron de «amarrarle las manos» a Kiko Vega para que no les entregara la administración con deuda o contratos que trascendieran a su gobierno, emitieron como primer decreto de la actual legislatura (consultable en https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Decretos/XXIIIDECRETO%20No%201.pdf), uno en el cual prohibían las contrataciones, basificaciones, concesiones, permisos, etc., dentro del periodo de 90 días previos a la toma de protesta de Jaime Bonilla.
Ahora ese decreto de Bonilla, le estorba y lo quieren revertir, como último de la legislatura que integra Catalino Zavala, quien se ha sabido mover con quien más le conviene, y ahora espera el Secretario de Educación y Coordinador de la gobernador electa Marina Pilar Ávila, a quien parece jugarle por la espalda con esta reforma a la Ley que permite que se le entregue a ciegas la administración estatal, con finanzas comprometidas en adeudos de miles de millones a proveedores, servicios, deuda pública, participaciones, y ahora prestamos recibidos de los ayuntamientos incurriendo incluso en desvío de recursos por tratarse de préstamo de recursos federales otorgados a los ayuntamientos, y que precisamente ello es parte del trasfondo de esta reforma que pretende suavizar el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado que establece:
«Artículo 54. Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.
En ningún caso los servidores públicos podrán realizar contratación alguna de las previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja
California, tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, salvo que exista autorización expresa del Congreso del Estado.»
