MEXICALI.- En una revelación del semanario ZETA se logró obtener más elementos de los señalamientos del ex alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, de que el Fiscal General Guillermo Ruiz y el propio gobernador Jaime Bonilla, lo presionaron para que pidiera licencia a cambio de no arrestarlo por el asesinato de Mariano Soto, un comunicados de redes sociales de Tijuana.
La codirectora del semanario Adela Navarro, redacto el texto que contiene elementos de quién armó todo el caso, se trata de un informante que estuvo ligado al Cartel de los Arellano Félix.
«Se trata del estadounidense César Eduardo Cortés, señalado por miembros de la Mesa de Seguridad, de aún continuar ligas con el Cártel Arellano Félix y estar criminalmente relacionado en la actualidad con José Roque García “El Roque”, conocido miembro del CAF que ha sido aprehendido en 2004 por la Policía Estatal Preventiva, en 2009 por elementos del Ejército Mexicano y posteriormente liberado, escribió Navarro en la edición de este viernes.
«Referido por policías del Estado como un informante del crimen organizado, ahora Cortés presume una cercanía con Jaime Bonilla Valdez, y fue pieza clave para judicializar un caso de asesinato, para investigar al ex alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz; a su secretario de Seguridad, Alberto Ayón Monsalve; a su secretario de Desarrollo Económico, Arturo Pérez Behr; y al ex jefe de Inteligencia, Geibel Bolaños Guzmán».
De acuerdo con el texto de Adela Navarro, y confirmado previamente por el ahora Diputado Federal Arturo González Cruz, sobre las presiones de Bonilla y Guillermo Ruiz.
Escribió Adela Navarro:
«Cuentan investigadores a ZETA que mientras el fiscal Guillermo Ruiz Hernández se encontraba atendiéndose en un hospital de Estados Unidos por contagio de COVID-19, e incluso haber sido intubado, César Eduardo Cortés encontró la forma de implicar, definitivamente, a González Cruz y funcionarios municipales en la investigación del asesinato. Localizó a un ex policía de Tijuana, Alfredo Rivas Aispuro, como “testigo de oídas” para declarar que los cuatro señalados planearon el homicidio».
Detallaron a ZETA que el “informante de la DEA”, en realidad miembro del CAF, fue confirmado por Jaime Bonilla como su cercano y conocido “desde hace unos 17 años”. Y en tal posición, se reunió en el conjunto habitacional New City (donde por cierto, reside el gobernador) con el policía Rivas para planear la estrategia. Una vez acordado lo que declararía ante la Fiscalía General del Estado para implicar al ex alcalde, César Cortés se comunicó con el fiscal central Hiram Sánchez para formalizar la denuncia».
Relataron que, ya entrada la noche, a nombre del gobernador, Cortés ordenó a Hiram Sánchez redactar el documento oficial con la declaración del “testigo”, y para ello se dieron cita en las oficinas privadas del fiscal Ruiz Hernández, en la Zona del Río. Ni siquiera llegaron a las instalaciones de la FGE. El tema le era de suma urgencia al gobernador».