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MEXICALI.-Fue denunciado el Comisionado del Sistema Estatal Penitenciarios del gobierno de Jaime Bonilla, el funcionario acusado de recibir «moches» al arranque de la administración que terminó el domingo pasado, Jesús Núñez Camacho y los titulares de las subdirecciones Gildardo López y Graciela Pérez Gutiérrez.
La denuncia fue hecha por una organización denominado Ciudadanos por la Dignificación del Sistema Estatal Penitenciario, y que fue entregada a la Secretaría de Honestidad el pasado 26 de Octubre, pero con copia para la ahora gobernadora Marina del Pilar Ávila.
La denuncia fue hecha el pasado 26 de octubre, recibida en la redacción de PeriodismoNegro.
Una de las acusaciones en la Secretaría de la Honestidad, son las más 70 bases directas, sin respetar los procedimientos o requisitos para su otorgamiento.
«Bases por las que se pagaron por los beneficiarios la cantidad de $ 100, 000.00 pesos m.n. (Cien mil pesos 00/100 m.n.), y lo peor que es solo para personas que realizan funciones administrativas, esto es, no tienen relación con la custodia de los centros penitenciarios».
«Sin embargo, el Comisionado del Sistema Penitenciario por sí y ante sí determinó la creación de nuevas plazas o empleos públicos sin mediar la autorización del Congreso y sin que existan los dictámenes o informes que se requieren para afectar la hacienda pública».
«Cohecho al ordenar que los custodios exigieran a las personas que visitan a los internos en los diferentes centros de readaptación la adquisición obligatoria de televisores y cobijas para los internos, en lo pueda considerarse uno de los mayores atracos en el sistema penitenciario en tiempo reciente».
«(Jesús Núñez) Valiéndose de sus atribuciones género un beneficio para una persona con la que lo une un vínculo íntimo (amasiato) designándola como Directora de Reinserción Social no obstante no contar con la experiencia y la acreditación académica para desempeñar una función esencial para el sistema penitenciario como resultar ser la reinserción social de los sentenciados en Baja California. Esta persona aún se encuentra estudiando y no cuentan con título y mucho menos con cédula profesional; sin embargo, están ocupando puesto que requieren dicha acreditación y de la mayor relevancia para el sistema penitenciario; pero no conforme con nombrarla para un cargo de dirección de gran importancia como los es la reinserción social».
«Se asignó personal de protección a un servidor público que en atención de sus funciones no requiere de la misma, es decir, se asignó al subdirector administrativo que no tiene relación directa con la seguridad de los centros penitenciarios, custodia en un número considerable, incluyendo cuidado de domicilio particular y carro escolta».
«Se celebró entre otros un contrato de arrendamiento de cinco (5) meses respecto de un bien inmueble abandonado por años y en pleno desuso, ubicado en Boulevard Anáhuac casi esquina con calle Aeropuerto de la colonia Indeco Anáhuac de la ciudad de Mexicali, Baja California, en el cual se pretendía ubicar diversas áreas administrativas de la Comisión de Sistema Estatal Penitenciario».
«La corrupción es tan imperante como nunca en la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (con Núñez Camacho “El de los Moches”) que, tanto los beneficios preliberacionales, incluso los recientes indultos otorgados por el Gobernador Bonilla, fueron objeto de cobro en dólares por parte de la persona que funge como Director de Ejecución de Sentencia mediante un mecanismo de triangulación consistente el hacerlo a través de su despacho jurídico y poniendo a una subordinada como responsable de la integración y propuesta de las personas que podían acceder a los mismos, en lo que constituyó un negocio redondo de la persona de apellido Orenday y de Núñez Camacho».
DENUNCIA ÍNTEGRA
D E N U N C I A D E A C T O S D E C O R R U P C I O N
Mexicali, Baja California a 26 de octubre de 2021
SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCION PUBLICA
P R E S E N T E .-
Ciudadanos interesados en que los actos de corrupción se castiguen y que el servicio público no sea utilizado por personas que se valen del mismo para obtener beneficios, se hace de su conocimiento las siguientes:
SERIE DE FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES EN QUE INCURRIERON LOS RESPONSABLES DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA
De conformidad con el artículo 91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California son servidores públicos los funcionarios y empleados de la Administración Pública Estatal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en los que incurran en el desempeño de sus funciones.
Asimismo, dicho artículo dispone que en el desempeño de un empleo, cargo o comisión de los servidores públicos se regirán por los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.
Por su parte, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California prescribe en el artículo 91, que la investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos y que las denuncias podrán ser anónimas, caso en el cual las autoridades investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones.
Así las cosas, con ese sustento se hace del conocimiento de esa Secretaría de la Honestidad y la Función Pública una serie de faltas administrativa de carácter grave en la que incurrieron los servidores públicos que ocupan el cargo de Comisionado del Sistema Estatal Penitenciarios (Jesús Núñez Camacho mejor conocido como “El de los Moches”) y los titulares de las subdirecciones de esa Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California (Gildardo López y Graciela Pérez Gutiérrez)
FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES
1. Se otorgaron más de setenta (70) bases directas sin respetar los procedimientos o requisitos para su otorgamiento, ingresando personas que nunca habían trabajado en la función pública, además ganando sueldos demasiado elevados. Bases por las que se pagaron por los beneficiarios la cantidad de $ 100, 000.00 pesos m.n. (Cien mil pesos 00/100 m.n.), y lo peor que es solo para personas que realizan funciones administrativas, esto es, no tienen relación con la custodia de los centros penitenciarios.
La falta administrativa se configura toda vez que el artículo 27, fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California establece que es atribución exclusiva del Congreso del Estado el crear empleos públicos, según las necesidades de la Administración Pública y tomando en cuentas las condiciones de la hacienda pública.
Sin embargo, el Comisionado del Sistema Penitenciario por sí y ante sí determinó la creación de nuevas plazas o empleos públicos sin mediar la autorización del Congreso y sin que existan los dictamenes o informes que se requieren para afectar la hacienda pública, es decir, sin que existan los estudios y la viabilidad financiera para impactar los recursos públicos para el pago de sueldos o salarios que no están justificados en términos de las normas aplicables, empezando por la Constitución del Estado de Baja California, actuar que configura un quebranto a la finanzas estatales y la actualización de las faltas administrativas graves siguientes:
Desvío de recursos públicos previsto en el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, habida cuenta que se asignaron o desviaron recursos públicos financieros y humanos, sin fundamento jurídico y en contraposición a la Constitución del Estado; la desviación de recurso es clara dado que actualmente se destinan recursos públicos para el pago de más de 70 bases cuya autorización de creación no existe, es decir, que lo haya autorizado el Congreso del Estado, por tanto, es abiertamente ilegal que se hayan creado al margen de esa autorización y sin tomar en cuentas las condiciones de la hacienda pública. Asimismo, existió desvío de recursos públicos al crearse la denominada Coordinación de Subdirectores Generales que no está autorizada ni prevista en el Reglamento Interno de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario con un sueldo equivalente a la de un Secretario de la administración pública, lo que se podrá corroborar fácilmente con el solo revisar las nóminas de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario.
Peculado previsto en el artículo 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, ya que se otorgaron más de 70 plazas de base sin fundamento jurídico y en contraposición a las normas aplicables.
Cohecho, en virtud que para el otorgamiento de las más de 70 bases, se les exigió a los beneficiarios la cantidad de $ 100, 000.00 m.n. (Cien mil pesos 00/100 m.n.), con lo cual obtuvieron un ingreso no comprendido en su remuneración como servidores públicos.
Cohecho al ordenar que los custodios exigieran a las personas que visitan a los internos en los diferentes centros de readaptación la adquisición obligatoria de televisores y cobijas para los internos, en lo pueda considerarse uno de los mayores atracos en el sistema penitenciario en tiempo reciente, si esta Secretaría de la Honestidad y Función Pública quiere corroborar lo dicho, basta que entreviste a los familiares de los reos, obviamente brindándoles los mecanismos de protección que contempla la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Abuso de funciones previsto en el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, ya que con las plazas creadas ilegalmente se beneficiaron a personas directamente relacionadas con los subdirectores generales de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, es decir, con la base otorgaba a los familiares directos del Subdirector de Administrativo y de la Subdirectora Normativa se abusa de sus funciones y se valen de las mismas para adscribir de forma cruzada o recíproca a las bases creadas ilegalmente generándose con ello un beneficio directo a sus parientes consanguíneos de los citados servidores públicos, lo cual lo prohíbe el diverso numeral 52 de la citada Ley de Responsabilidades Administrativas. Cabe precisar que en virtud de que una de las bases otorgadas, esto es, la otorgada al hijo de la Subdirectora Normativa está adscrita al Órgano Interno de Control se pide que sea directamente esta Secretaría de la Honestidad y Función Pública la que conozca de esta denuncia al poder estar implicado dicho órgano interno de control al tolerar o no investigar que se le asignó una persona de base creada ilegalmente.
2. Asimismo, el Comisionado del Sistema Estatal Penitenciario (Jesús Núñez Camacho “El de los Moches”) incurrió en abuso de funciones por lo siguiente:
Valiéndose de sus atribuciones género un beneficio para una persona con la que lo une un vínculo íntimo (amasiato) designándola como Directora de Reinserción Social no obstante no contar con la experiencia y la acreditación académica para desempeñar una función esencial para el sistema penitenciario como resultar ser la reinserción social de los sentenciados en Baja California. Esta persona aún se encuentra estudiando y no cuentan con título y mucho menos con cédula profesional; sin embargo, están ocupando puesto que requieren dicha acreditación y de la mayor relevancia para el sistema penitenciario; pero no conforme con nombrarla para un cargo de dirección de gran importancia como los es la reinserción social, adicionalmente, se le asignó de manera ilegal una base que tampoco tiene fundamento jurídico y contraviene a las disposiciones aplicables, principalmente la Constitución del Estado, siendo anteriormente la secretaria del Comisionado, dejando en claro las razones para beneficiarla de forma tan evidente.
Se asignó personal de protección a un servidor público que en atención de sus funciones no requiere de la misma, es decir, se asignó al subdirector administrativo que no tiene relación directa con la seguridad de los centros penitenciarios, custodia en un número considerable, incluyendo cuidado de domicilio particular y carro escolta, lo cual constituye un desvío de recursos públicos de manera evidente y en perjuicio de la hacienda pública estatal.
Se celebró entre otros un contrato de arrendamiento de cinco (5) meses respecto de un bien inmueble abandonado por años y en pleno desuso, ubicado en Boulevard Anáhuac casi esquina con calle Aeropuerto de la colonia Indeco Anáhuac de la ciudad de Mexicali, Baja California, en el cual se pretendía ubicar diversas áreas administrativas de la Comisión de Sistema Estatal Penitenciario; sin embargo, dicho contrato es evidentemente desventajoso para ésta, quien cubre por concepto de arrendamiento $ 150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) mensual, además de haber habilitar dicho inmueble con oficinas, aires acondicionados de recientes adquisición, y que dichas mejoras quedarían en favor del arrendador. Cabe precisar que dentro del sistema penitenciario se comenta que el beneficiar al dueño de este edificio abandonado obedece a la razón de que existe parentesco con el comisionado del sistema penitenciario.
3. La corrupción es tan imperante como nunca en la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (con Núñez Camacho “El de los Moches”) que, tanto los beneficios preliberacionales, incluso los recientes indultos otorgados por el Gobernador Bonilla, fueron objeto de cobro en dólares por parte de la persona que funge como Director de Ejecución de Sentencia mediante un mecanismo de triangulación consistente el hacerlo a través de su despacho jurídico y poniendo a una subordinada como responsable de la integración y propuesta de las personas que podían acceder a los mismos, en lo que constituyó un negocio redondo de la persona de apellido Orenday y de Núñez Camacho.
A T E N T A M E N T E
Ciudadanos por la Dignificación del Sistema Estatal Penitenciario
C.c.p. Lic. Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora Constitucional del Estado.
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