COMUNICADO DE PRENSA
• La participación conjunta entre sociedad y gobierno ayudarán en gran medida en el combate a la corrupción.
MEXICALI.- Una iniciativa que tiene como objeto contemplar la figura del testigo social en el proceso de adquisiciones, arrendamientos y servicios que deban adjudicarse o contratarse, así como en los procedimientos de contratación de obra pública y servicios relacionados con las mismas por parte del Gobierno del Estado, fue presentada por la Diputada del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso, Amintha Guadalupe Briceño Cinco.
En su exposición de motivos, la legisladora dijo que, de acuerdo con el Ranking “Estado de Derecho 2021”, México se encuentra en la posición 135 a nivel mundial en corrupción, por lo que ha caído varios lugares en los últimos dos años, encontrándonos en el año 2020 en el lugar 121 y en el 2019 en el lugar 117, por lo que hemos retrocedido como país en materia de corrupción 18 lugares según el referido conteo.
Asimismo, dijo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México realizó un estudio denominado “La Corrupción en México y su Combate” en el año 2018, en el marco del Proyecto “Integridad y Fortalecimiento de la Transparencia” en el que establecen diversos costos de la corrupción en México, destacando que el factor más problemático para hacer negocios en México es la corrupción, además, la insatisfacción con la democracia a nivel nacional, la pérdida de credibilidad y confianza en las instituciones políticas del gobierno, la desconfianza en los legisladores, poder judicial y en la administración pública del gobierno y por supuesto, la corrupción en el sector empresarial.
“Como podemos observar esa desconfianza de la ciudadanía en materia de corrupción, no solo abarca las instancias gubernamentales, sino que también llega a las instituciones privadas, por lo que debemos trabajar de la mano sociedad y gobierno para contrarrestar los efectos de la corrupción”, puntualizó.
Cabe mencionar que la iniciativa presentada, destaca que la participación ciudadana mediante la figura del testigo social en los procesos de adquisición y licitación por parte del gobierno es fundamental para devolver la confianza a la sociedad y dar certeza de que los recursos públicos se utilizan de manera adecuada.
“Estamos seguros de que con un diseño institucional que favorezca la participación de la sociedad civil para que dichos procesos cumplan con las especificaciones dictadas por diversos organismos nacionales e internacionales en términos de legalidad y transparencia, lograremos que Baja California se coloque a la vanguardia en dicho ámbito y en el correcto destino de los recursos públicos en las contrataciones, implementando en nuestra normatividad estatal la figura del Testigo Social”, finalizó la legisladora.
