Por Adán Mondragón/Esquina32.Info
TIJUANA.- El gobierno de Baja California promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN), para resolver el tema del contrato plurianual para la construcción de una planta fotovoltaica firmado en la administración del exgobernador, Jaime Bonilla Valdez.
El asunto, con número de expediente 70/2022 será analizado y próximo a resolver por el pleno de la SCJN, luego de la solicitud de cancelación del “Contrato Plurianual de Compra-Venta de Energía mediante suministro eléctrico para el desarrollo de una Central Eléctrica Fotovoltaica en Baja California”, hecha por el gobierno bajacaliforniano a la Secretaría de Hacienda el 11 de febrero del presente.
Desde el inicio de la administración de la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda se buscó la cancelación del contrato con la empresa “Next Energy”, para la construcción de la planta fotovoltaica.
Entre los argumentos vertidos están que el contrato es ventajoso para la empresa, además de que “Next Energy”, no cuenta con los permisos para la obra.
De igual forma, el Estado obtuvo un amparo para evitar que el estado siga pagando -con participaciones federales- por el contrato firmado con la empresa; al Estado se le retuvieron 123 millones de pesos, que el banco Afirme no ha devuelto a la administración.
La controversia constitucional promovida por el gobierno bajacaliforniano fue enlistada en el índice de controversias pendientes por resolver de la SCJN, aunque no señala fecha en que se resolverá el asunto.
