Mineros de San Felipe entran en paro por abuso laboral

MEXICALI. Cerca de 70 mineros realizaron un paro laboral en la Mina Real de Ángeles, en San Felipe, debido a abusos y explotaciones laborales por parte de supervisores de la empresa Grupo Frisco.

Ante la manifestación, la empresa, propiedad de Carlos Slim, les cortó los suministros de electricidad y agua a los mineros que pernoctan en el recinto.

Fernando Gaspar, delegado de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y vocero de los mineros, señaló que ya habían denunciado verbalmente casos de hostigamiento laboral y malas condiciones de trabajo.

Además, mencionó que hubo dos casos de acoso sexual. Sin embargo, no obtuvieron soluciones.

Posteriormente, relató que el pasado jueves 5 de abril la empresa propietaria de la mina que extrae oro y plata les comunicó que no recibirían utilidades. Por lo que los trabajadores optaron por realizar un paro laboral.

«Fue la cerecita del pastel donde nos dijeron ‘¿Sabes que? No hay utilidad para ustedes’. Salió en ceros. Una mina que produce oro que salga en ceros, ante las condiciones en las que laboramos y soportamos a los ingenieros y supervisores pues reventó esta bomba», expresó.

El delegado y representante de los mineros mencionó que los trabajadores solicitaron atentamente el pago de un bono. No obstante, la empresa aseguró que no contaban con el recurso suficiente.

Además, señaló que la empresa cortó los suministros de agua y luz para que los manifestantes dejaran el recinto. En ese sentido, indicó que este lunes acudieron agentes de la Guardia Nacional para persuadirlos de retirarse.

Comentó que en la mina trabajan cerca de 180 mineros sindicalizados. De estos, una parte de ellos fueron amenazados para no manifestarse y reintegrarse a las labores a través de documentos que les hicieron firmar.

Condiciones laborales en la mina

Fernando Gaspar explicó que los trabajadores pernoctaban en el suelo de las oficinas, donde había plaga de garrapatas, y se aseaban con agua de mar. No obstante, indicó que recientemente les proporcionaron dormitorios móviles para 16 personas.

El Secretario General del Comité Local, Juan Carlos González, señaló que en un lapso de 6 meses fallecieron 2 trabajadores debido a las condiciones de trabajo al interior de la mina.

En consecuencia, cerca de 8 minas fueron cerradas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal por no contar con las condiciones laborales adecuadas.

En ese sentido, mencionó que en algunas áreas se ven en la necesidad de compartir el equipo de trabajo que tampoco es el óptimo.

Agregó que una compañera y un compañero denunciaron acoso sexual por parte de los supervisores. Sin embargo, aseguró que el encargado del área de Recursos Humanos, de apellido Buenrostro, pasó por alto ambas situaciones.

Por su parte, Uriel de Jesús Rodríguez comentó que durante la pandemia de Covid-19 algunos trabajadores enfermaron. No obstante, la empresa les solicitó seguir trabajando, esto con la promesa de que obtendrían un bono laboral, el cual nunca recibieron.

Los trabajadores explicaron que la mina produce semanalmente 15 barras de doré, una aleación de oro y plata, las cuales pesan 22 kilogramos cada una. Lo que representa una producción semanal cercana a las 12 mil 165 onzas de dicho material.

Exigen intervención de autoridades

La Mina Real de Ángeles está ubicada en un Área Natural Protegida (ANP) donde sólo el gobierno federal puede intervenir.

Sin embargo, los manifestantes no han tenido comunicación con ninguno de los tres niveles de gobierno.

Juan Carlos González comentó que la manifestación es pacífica, pero firme. Asimismo, exigió que las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social acudir y atender las demandas.

Por su parte, Fernando Gaspar indicó que, aunque no han obtenido ninguna respuesta, la CROC está dando seguimiento al caso a nivel federal. En ese sentido, esperan «hacer presión» con apoyo de los medios de comunicación y redes sociales.

Finalmente, los mineros pidieron la solidaridad con alimentos a los ciudadanos de San Felipe y Mexicali, aunque saben que la ubicación de la mina complica todo tipo de apoyo.