MEXICALI. La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de 3 ex funcionarios de la administración de Francisco Vega de Lamadrid no logró que los vincularan a proceso, aunque lo intentaron por un delito menor.
Dicha investigación con NUC 0202-2019-42685 pertenece a la denuncia presentada por Amador Rodríguez Lozano en 2019. En la cual estaba incluido el ex gobernador del Estado, Francisco «Kiko» Vega de Lamadrid.
No obstante, la investigación procedió solamente en contra de José Luis «N», Isauro «N» y Miguel Ángel «N»o. Quienes fungieron como subsecretarios de finanzas en distintos periodos entre 2013 y 2019.
En ese sentido, sin la imputación de Francisco Vega, y la formulación de imputación de un delito menor como el abuso de autoridad. La jueza María de Jesús Zamorano negó la vinculación a proceso de José Luis «N», Isauro «N» y Miguel Ángel «N».
Según la FGE, estos tres ex funcionarios realizaron pagos con un valor de mil 586 millones 150 mil 299 pesos a 91 empresas que no estaban registradas en el Padrón de Proveedores de Baja California y tampoco en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno Federal.
Detallaron que Isauro «N», entre noviembre de 2013 y marzo de 2015, y entre febrero de 2018 y octubre de 2019, realizó pagos a empresas irregulares con un valor de 579 millones 460 mil 073 pesos. Por su parte, José Luis «N» fue señalado de realizar pagos irregulares por 125 millones 220 mil pesos entre marzo de 2015 y enero de 2016. Finalmente, a Miguel Ángel «N» le imputaron pagos entre 2016 y 2018 de hasta 851 millones 568 mil 978 pesos.
Asimismo, señalaron que la Auditoría Superior del Estado detectó 273 operaciones irregulares a 100 proveedores por los mismos mil 586 millones.
Insuficiente FGE
Incluso, la Fiscalía presentó factura tras factura por cantidades millonarias a las 91 empresas. Sin embargo, para la jueza ninguna de estás pruebas pudo comprobar un desvío de recursos o daño al erario público. Ya que no especificaron de donde provinieron los mil 586 millones de pesos o de que manera afectó a la administración estatal.
Aseguró que no acotaron cuando pagaron las facturas o si las empresas prestaron o no algún servicio a otra dependencia.
La jueza no solo señaló la falta de pruebas para acreditar un desvío de recursos, así como que tampoco acreditaron el delito de imputación; Abuso de autoridad. Esto debido a que en ningún momento dejaron claro como «se sirvieron» de los subordinados para realizar las operaciones, más allá de «instrucciones verbales».
Finalmente, determinó que la Fiscalía, o los agentes que realizaron la investigación, no realizaron un trabajo exhaustivo en ninguna de las pruebas presentadas.
