Tijuana, 16 de noviembre. Desde sanciones administrativas y económicas, hasta denuncias por daño patrimonial y penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), podrían hacerse acreedores ex funcionarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), luego de que el Congreso local rechazó la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020.
Entre las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado de Baja California se encuentran cobros indebidos de derechos por consumo de agua, adjudicaciones directas, agua no contabilizada y duplicidad de recibos, entre otras cosas.
El dictamen de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público Número 178, votado en contra por 19 diputados y dos a favor el pasado 21 de septiembre, expone el resultado de la auditoría a la paraestatal durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
Fisamex: pagos elevados, omisiones y excesos
En el caso de la contratación de la auditora Fisamex -a la que el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez pagó 189 millones 527 mil 798 pesos por la prestación de servicios profesionales de revisión de consumo de agua a cuentas comerciales e industriales para la detección de volúmenes irregulares-, otorgó una comisión del 20 por ciento del monto total recuperado de las cuentas dictaminadas.
Entre las observaciones al contrato AD-SER-01-2020, que favoreció a Manuel García Soto destacan: falta de referencias comerciales de la empresa, que según cuenta con más de 12 años de experiencia en el ramo, sin embargo, de acuerdo con el acta constitutiva y el Registro Federal de Contribuyentes la empresa fue constituida el 26 de octubre de 2018.
Relación del capital humano utilizado para las auditorías, así como títulos y cédulas profesionales, estados financieros de pago al prestador de servicio, pagos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2020, así como el estudio de mercado que propició la contratación, son parte de las omisiones.
Entre las atribuciones que le confirieron a Fisamex, destacó la suspensión del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, con la finalidad de que los auditados regularizaran su situación.
Durante 2020 se presentaron 11 “juicios de amparo” por cobros excesivos efectuados por la firma auditora por 54 millones 415 mil 108 pesos, así como 27 juicios en el Contencioso Administrativo por 52 millones 255 mil 850 pesos, los cuales no fueron revelados en los estados financieros como pasivos contingentes.
Tres directores en dos años
El resolutivo menciona que: «No se aprueba la Cuenta Pública Anual de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, por el periodo del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, de conformidad con lo dispuesto en los considerandos sexto y octavo y los Artículos 22 Primer Párrafo del Apartado A y Tercer Párrafo del Apartado C, 27 Fracción XII y 37 Fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, Artículos 56 Fracción III y 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California».
Durante 2020 la Cespt tuvo tres directores: Rigoberto Laborín Valdez, del 1 de enero al 28 de julio; le siguió Sergio Antonio Rosete Weben, quien permaneció en el cargo del 3 de agosto al 16 de noviembre, y por último su relevo Eliel Vargas Pulido, quien concluyó el citado ejercicio fiscal.
Sin embargo, le tocó al ex titular Juan José Enríquez García conocer los resultados preliminares y las observaciones sobre el particular. En el rubro de “Derechos por Servicios de Agua” por 325 millones 656 mil 121 pesos, pertenecientes a 35 cuentas de Tijuana facturadas en mayo expidieron recibos de consumo excesivo por 6 mil 185 metros cúbicos, con un sobreprecio de 375 mil pesos.
Despachos privados, adjudicaciones directas, agua no contabilizada
La contratación de tres proveedores como despachos de cobranza externa por 65 millones 834 mil 454 pesos, con una comisión del 25 por ciento de la cartera vencida, pese a ser facultad y atribución fiscal de la paraestatal, fue otro de los señalamientos.
Para el apartado de agua no contabilizada, la auditoría arrojó reducción de cobros a dos usuarios por un monto superior al medio millón de pesos derivado de la incorrecta aplicación de la tarifa de agua, la cual debió ser por un monto superior a los 41 millones durante el año fiscal.
Adjudicación directa de contratos para abastecimiento de gasolina por un millón 957 mil pesos, contratos por honorarios sin licitación por 700 mil pesos, son otras de las irregularidades detectadas.
Atrasos en pago de cuotas al Issstecali.
De febrero a diciembre, la Cespt registró atraso en el pago de cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) por 207 millones 581 mil pesos, que representan una variación no identificada de 12 millones 223 mil 555 pesos, en relación con los registros de la institución de salud.
Se detectó el pago extemporáneo de retenciones del Impuesto Sobre la Renta de Sueldos y Salarios, Honorarios y Arrendamiento, así como del Impuesto al Valor Agregado, los cuales se pagaron hasta febrero de 2021, por un monto superior a los 47 millones de pesos.
De igual forma, la paraestatal ejecutó modificaciones presupuestales por más de 80 millones de pesos sin autorización del Consejo de Administración, además de ampliación de recursos por 207 millones de pesos para infraestructura, correspondiente al Capítulo 60000 de “Inversión Pública”.
Autoadeudo
La cartera vencida de la Cespt al corte de la cuenta pública de 2020 estaba de la siguiente forma: 932 millones de consumo residencial, 873 millones por cuentas comerciales, 28 millones por sector industrial y 81 por entidades de gobierno, sin embargo, la paraestatal también registra un adeudo por 98 millones de pesos desde 2015, toda vez que debe pagar una tarifa de 5.19 pesos por consumo de cada metro cúbico.
Otro de las obras que fueron observadas son: Construcción del Sistema de Alcantarillado Costero Primera Etapa Tijuana y Playas de Tijuana, en donde se invirtieron 172 millones de pesos y fue adjudicada el 11 de noviembre de 2020.
El proyecto debió haber concluido en mayo de 2021, sin embargo, hasta agosto del año pasado registraba un avance del 65 por ciento.
También fueron señalados 11 contratos por 201 millones de pesos, que registraron incrementos presupuestales por 19 millones de pesos sin licitación.
Cabe señalar que se espera que el órgano de control de la Cespt dictamine, recomiende, y en su caso, sancione a presuntos responsables por las irregularidades detectadas.
