Juez de Culiacán ampara a César Holguín para ser reelecto en el Consejo de la Judicatura
Todo se originó mediante la demanda de amparo 330/2023 que recibió el juez federal con sede en Culiacán, Oscar Gregorio Herrera Perea, interpuesta por Holguín Ángulo, el cual invalidó el segundo párrafo del artículo 65 de la Constitución de Baja California que dice lo siguiente:
“Las personas que hayan ejercido el cargo de Consejeros en los términos previstos en las fracciones IV y V del artículo 64 de esta Constitución, no tendrán derecho a ser ratificados y en ningún caso podrán volver a ser designados para este cargo.”
El argumento es que dicho texto viola el principio de irretroactividad de la Ley.
Según el juez, los argumentos de Holguín Ángulo son fundados, pues dicho artículo niega la ratificación a los consejeros que fueron designados por el Congreso de Baja California y por el Poder Ejecutivo, a diferencia de los consejeros del Poder Judicial (magistrados y juez consejero), los cuales si tienen derecho a reelección.
El texto establece además que el impedimento de alcanzar una reelección consecutiva lo priva de su derecho a la estabilidad o seguridad en el ejercicio de su encargo, pues no le permite desligarse por completo de quien lo designó.
“En ese orden de ideas, resulta innecesario el estudio de los restantes argumentos contenidos en los conceptos de violación, pues al evidenciarse la inconstitucionalidad de las normas reclamadas por violar el principio de irretroactividad de la ley, el efecto de la concesión del amparo será que se desincorporen dichas disposiciones de la esfera jurídica de la parte quejosa, por lo que no podría obtener mayor beneficio y sería ocioso entrar al estudio de los diversos planteamientos de inconstitucionalidad”, concluye la sentencia.
Con esta determinación, César Holguín podrá regresar a su espacio al frente del Consejo de la Judicatura.
Los consejeros de la Judicatura son los encargados de atender las necesidades administrativas del Poder Judicial y recientemente se ha cuestionado su valor y costo-beneficio de operar en las condiciones que lo hace, al grado de analizar una reestructuración donde exista una menor intervención de los otros poderes sobre el Judicial.