MEXICALI.- Las investigaciones sobre la presunción de delitos penales derivados de la firma de contratos entre el Gobierno de Jaime Bonilla y la empresa FISAMEX, deben continuar y un juzgador debe resolver si hay delitos.
Octavio Sandoval, Presidente de la COPARMEX Mexicali considera que el informe de la Auditoría que realizó la Auditoría Superior del Estado, confirmó que el contubernio Estado (vía organismos operadores del agua) y FISAMEX fue un fraude a la ciudadanía.
Dijo que las autoridades estatales y del Congreso del Estado son las que deben presentar las denuncias correspondientes para que la Fiscalía General del Estado Investigue y que sea un juzgador con base en pruebas, quién determine si hay o no la comisión de un delito.
