COMUNICADO
● La finalidad de contar con el RVOE, es brindar seguridad y confianza a los usuarios de servicios educativos privados
● En México proliferan instituciones educativas fraudulentas, sin calidad en la educación, ni validez en sus programas de estudios
MEXICALI.- El legislador del partido Fuerza por México, Miguel Peña Chávez, propone agregar al delito de fraude a los prestadores de servicios educativos que no cuenten con validez oficial, para lo cual presentó iniciativa de reforma al artículo 219 del Código Penal del Estado de Baja California.
El inicialista mencionó en su exposición de motivos, que las llamadas escuelas “patito” viven un boom en México, cada año se revocan en promedio 1,180 programas de licenciatura, pero aparecen 2,000 más que generalmente son planes con escasa calidad académica.
Cuando se intentaba resolver interrogantes sobre las ventajas y desventajas de la educación pública con respecto a la privada y cómo generar un modelo educativo de calidad, se presentan en nuestro país muchas instituciones educativas fraudulentas, sin calidad en la educación, la validez en sus programas de estudios, los registros y permisos correspondientes para poder brindar el servicio educativo.
El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE) se otorga a nivel federal por la Secretaría de Educación Pública, a toda institución mexicana o extranjera que cumpla con los requisitos. Mientras que las Secretarías de Educación de cada estado también otorgan este reconocimiento a determinados programas en el ámbito de sus competencias.
La finalidad de conceder el RVOE, es brindar seguridad y confianza a los usuarios de servicios educativos privados, de que los programas ofertados en estas instituciones, cumplen con los requisitos establecidos por las disposiciones legales, manteniéndose bajo la supervisión de una autoridad educativa.
“Sammy” Peña, refirió que en Baja California recientemente se dio un caso en particular que afecto alrededor de 400 alumnos del Centro de Asesorías Técnicas, en donde los estudiantes exigen la devolución de su dinero debido a que la escuela no cuenta con los permisos correspondientes, por lo que los certificados que expidieron no cuentan con validez oficial.
“Ante estas afectaciones, y con el ánimo de que no vuelvan a ocurrir, es que propongo ante esta legislatura la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado”, manifestó el diputado.
