MEXICALI. Colectivos de madres víctimas de violencia vicaria se manifestaron en el Poder Ejecutivo de Baja California para exigir la remoción de la Fiscal Especializada en Delitos Contra la Mujer, Adriana Lizárraga González.
Señalan que, desde que el Congreso del Estado aprobó la tipificación de violencia vicaria como delito en marzo, la Fiscalía General del Estado (FGEBC) no abrió ninguna carpeta de investigación hasta la fecha.
Este miércoles la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda realizó su conferencia mañanera en el tercer piso del Poder Ejecutivo, en Mexicali.
Justo afuera del evento, el colectivo CESODI, proveniente de Tijuana, protestó y exigió la destitución de Adriana Lizárraga González. Debido a que la FGEBC, y la fiscalía especializada a su cargo, no integraron ninguna investigación por dicho delito desde que el Congreso aprobó la tipificación de dicho delito.
Montserrat Saldaña, integrante del colectivo CESODI, señaló que los ministerios públicos de la FGEBC optan por tipificar como violencia familiar los casos de violencia vicaria.
“No es violencia familiar. Ahí está plasmado que es violencia vicaria y ellos siguen diciendo que no. ¿Cómo puede ser posible que estén personas atendiendo y que no sepan que es la violencia vicaria?”, manifestó.
En ese sentido, Fernanda Olguín, integrante de la colectiva Desertik en Mexicali, indicó que sólo en la capital del Estado contabilizó cerca de 200 casos de violencia vicaria.
Por su parte, Estefanía Plasencia, integrante de CESODI, aseveró que no sólo son los casos de violencia vicaria, sino que también existen casos de abuso sexual infantil, los cuales aún no judicializan.
Agregó que, por parte de CESODI en Tijuana, son 14 las madres a las que las autoridades no reportan avances en sus casos.
