Comunicado de prensa
PRESIDENTA DEL CONGRESO REAFIRMA COMPROMISO CON CORPORACIONES POLICIACAS DE LA ENTIDAD
“Es una obligación y un compromiso apoyarlos y se buscarán los mecanismos para seguir beneficiando a los policías”: diputada Araceli Geraldo
MEXICALI.- La presidenta del Poder Legislativo, diputada Araceli Geraldo Núñez, recibió al presidente de la Federación Policial de Baja California, Alejandro Monreal Noriega, quien reconoció la disposición del gobierno y del Congreso del Estado para garantizar los derechos de las y los policías.
Por su parte la diputada Araceli Geraldo, externó el respaldo total por parte de la Presidencia del Congreso estatal a todas las corporaciones policiacas en la entidad, reconoció que con el bienestar de los agentes se contribuye también a salvaguardar la seguridad de la ciudadanía, agregó que “es una obligación y un compromiso como legisladores apoyarlos y se buscarán los mecanismos para seguir beneficiando a los policías”.
Escuchó a cada uno de los representantes de las corporaciones quienes expusieron los logros alcanzados, su sentir y agradecimiento por apoyarlos desde la anterior legislatura e hicieron mención de los beneficios que han sido también para los peritos, agentes del Ministerio Público, auxiliares y el personal administrativo.
Cabe destacar que la XXIV Legislatura ha aprobado diversas iniciativas, exhortos y decretos en la materia, como son recientemente la reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, con el propósito de que los elementos policiacos puedan portar su arma de cargo aun estando fuera del servicio; la aprobación de un decreto para la incorporación de elementos policiacos de Tecate y San Felipe a la seguridad social del IMSS; además de reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California en materia de igualdad de género, para que las mujeres policías cuenten con un área digna y accesible en periodos de lactancia, entre otras.
Este encuentro reafirma el compromiso de colaboración a través de políticas públicas enfocadas no sólo en la seguridad de sus habitantes, sino también en la prevención del delito y el fortalecimiento de las corporaciones bajo los principios constitucionales de legalidad, honradez y respeto a los derechos humanos.
