MEXICALI.-Como balde de agua fría cayó entre organizaciones sociales el atropellado nombramiento de Rebecca Vega Arriola, como titular de la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género (SISIG) del Gobierno de Baja California, anunciado por la alcaldesa electa de San Quintín, Miriam Cano.
Colectivos de búsqueda de personas, grupos de mujeres y líderes sociales cuestionaron el desempeño de Vega como subsecretaria de Enlace Institucional y Vinculación Social de la Secretaría General de Gobierno.
Representantes de colectivos aseguran que la exfuncionaria obstaculizó el trabajo de las brigadas de búsqueda y desvió recursos mediante gastos inflados e inexistentes, incluyendo la compra de una unidad marítima de casi 4 millones de pesos. En su momento, también fue señalada de pretender obtener beneficio político al condicionar el apoyo a las brigadas para su promoción personal, ya que aspiraba a una candidatura a diputada, que no logró.
En el mes de enero de 2023, integrantes del Movimiento Estatal por los Desaparecidos, encabezado por José Fernando Ortigoza y por Fernando Ocegueda, tomaron durante veinte días las oficinas de la Secretaría General de Gobierno en Tijuana y de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, exigían la renuncia del comisionado estatal, Rafael Hernández Murrieta. La subsecretaria Vega Arriola nunca atendió a los inconformes.
Otro grupo de colectivos, entre los que estaban Irma Leyva, de Madres Unidas y Fuertes, Angélica Ramírez de Una Nación Buscando T y Eddy Carrillo, de Todos somos Erick Carrillo, acusaban a la subsecretaria falta de apoyo a la comisión y de provocar división y enfrentamiento entre colectivos.
A finales de enero, por órdenes de la gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda, la Secretaría General de Gobierno fue relegada del diálogo con la Comisión Local de Búsqueda y los colectivos, y se nombró interlocutor al entonces coordinador de Gabinete, Alfredo Álvarez Cárdenas. Como solución al conflicto, se nombró a Alejandro Cabrera Medina coordinador de la comisión para la Zona Costa. De acuerdo con personas de la propia dependencia, la experiencia y capacidad de conciliación de este funcionario se vieron limitados por la prepotencia y falta de apoyo de Vega Arriola, así que el diferendo entre colectivos y su inconformidad con el Gobierno del Estado se mantuvo hasta el cambio de titular de la SGG, a finales de año pasado.
El conflicto no solo fue con actores externos, también al interior de la dependencia se acusa a la funcionaria de provocar una atmósfera de incertidumbre y desconfianza y de utilizar el cargo para su promoción política personal, así como la del exsecretario, Catalino Zavala. Fuentes que pidieron ocultar su nombre por temor a represalias, señalaron que el secretario Alfredo Álvarez y el subsecretario, Luis Moreno Hernández heredaron un total desorden por parte de la anterior administración.
A la exsubsecretaria la señalan de no apoyar a su propio equipo y de subestimar el alcance de órganos vitales como el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión contra la Trata de Personas. «La señora Vega no dio el ancho en la encomienda para la cual se le otorgó la confianza. Se dice feminista, pero no supo aprovechar un equipo de mujeres poderosas, conectar sus talentos, sus acciones y su misión. Despreció a Colectivos de búsqueda y organismos de rescate animal, invisibilizó al SIPINNA y desaprovechó las relaciones de su propio equipo con la comunidad, con organismos gubernamentales norteamericanos, con Naciones Unidas y con agencias nacionales e internacionales».
