Gracias Grok, la Inteligencia Artificial del microblog X (antes Twitter).
MEXICALI.-El hampa del periodismo, así llamó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, a comunicadores y medios masivos de comunicación, que recibían millonarias cantidades, sin importar datos como los lectores, televidentes o radioescuchas.
La extorsión periodística, como se observa en el caso de Rubén Gómez, locutor de Mexicali, es un problema ético y social grave que socava la credibilidad del periodismo y afecta la confianza del público en los medios de comunicación.
Este tipo de prácticas, donde un comunicador presiona a figuras políticas o instituciones para obtener beneficios económicos, como contratos de publicidad, a cambio de no publicar críticas o información negativa, no solo distorsiona la función del periodismo como herramienta de información y fiscalización, sino que también perpetúa un ciclo de corrupción que daña a la sociedad en su conjunto.
En el caso específico de Rubén Gómez, según información reciente, se filtraron audios que lo exhiben utilizando su posición en los medios para presionar a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y al Congreso del Estado, con el objetivo de obtener publicidad institucional. Gómez, quien conduce un programa de noticias en la 98.3 de la familia Fimbres, habría empleado un lenguaje soez y tácticas de chantaje, amenazando con desacreditar a legisladores si no se le otorgaban los contratos deseados.
Este comportamiento no solo es un abuso de poder, sino que también pone en evidencia cómo algunos comunicadores pueden priorizar intereses personales sobre la responsabilidad social que implica su profesión.
Por otro lado, la respuesta de la gobernadora también genera cuestionamientos. En un audio filtrado, se le escucha instruyendo al Congreso para que apoyen a Gómez con publicidad, lo que sugiere una posible una disposición a ceder ante este tipo de presiones para evitar críticas.
Aunque Marina del Pilar ha declarado públicamente que respeta la labor periodística y que no entrará en polémicas sobre los audios, su postura no aborda de manera contundente el problema de fondo: la necesidad de establecer mecanismos que eviten este tipo de dinámicas entre medios y autoridades.
La extorsión periodística no es un fenómeno aislado. En México, donde el periodismo enfrenta desafíos como la violencia, la precariedad laboral y la falta de independencia económica, algunos comunicadores caen en prácticas poco éticas para sobrevivir o enriquecerse.
Sin embargo, esto no justifica el comportamiento de Gómez ni de otros que operan de manera similar. El periodismo debe ser un pilar de la democracia, no un instrumento de manipulación o lucro personal. Además, este tipo de casos refuerzan la percepción negativa que la sociedad tiene de los medios, lo que dificulta aún más el trabajo de los periodistas honestos que arriesgan su vida para informar.
Desde una perspectiva más amplia, este caso también refleja la necesidad de una regulación más estricta y transparente en la asignación de publicidad oficial. En Baja California, como en muchas partes de México, la publicidad gubernamental a menudo se utiliza como una herramienta de control sobre los medios, premiando a los afines y castigando a los críticos. Esto crea un entorno donde comunicadores como Gómez pueden sentirse incentivados a recurrir a la extorsión para asegurar ingresos. Una ley que garantice una distribución equitativa y transparente de los recursos publicitarios, como han señalado algunos usuarios en redes sociales, podría ser un paso hacia la solución de este problema.
Sin embargo, no todo el panorama es tan claro. Mientras que las grabaciones y las acusaciones contra Gómez son contundentes, también es importante considerar el contexto político. La filtración de estos audios podría ser parte de una estrategia para desacreditar a ciertos actores, como la gobernadora. En un entorno tan polarizado como el de Baja California, donde los intereses políticos y económicos están profundamente entrelazados, es difícil determinar si hay agendas ocultas detrás de estas revelaciones.
Esto no exime a Gómez de su responsabilidad, pero invita a analizar el caso con un enfoque crítico, más allá de la narrativa inicial.
En conclusión, la extorsión periodística, como la que se le atribuye a Rubén Gómez, es una práctica inaceptable que daña la integridad del periodismo y perpetúa la corrupción. Es un síntoma de problemas estructurales más profundos en la relación entre medios y poder político en México.
Para combatirla, se necesitan no solo sanciones para los responsables, sino también reformas que promuevan la independencia económica de los medios, fortalezcan la ética periodística y garanticen que la publicidad oficial no sea un instrumento de control. Al mismo tiempo, la sociedad debe exigir un periodismo comprometido con la verdad y la transparencia, y no con intereses personales o políticos.
