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LAS APPS NO ENDEUDARÁN AL ESTADO: SIDUE
Son una alternativa efectiva para la realización y operación de grandes acciones de infraestructura
MEXICALI.- Las acciones que el Gobierno del Estado plantea realizar mediante el esquema de Asociación Público-Privada, no representarán una cuantiosa deuda para Baja California y de hecho son una alternativa para evitar un endeudamiento, pues son los inversionistas privados los que deben conseguir sus fuentes de financiamiento, y representan una alternativa efectiva para la realización y operación de grandes acciones de infraestructura.
Así lo aclaró el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), Manuel Guevara Morales, en rueda de prensa realizada este jueves, explicando que sólo el pago correspondiente a los primeros tres meses a manera de garantía, una vez que entre en funcionamiento la infraestructura, son asumidos como deuda.
Manifestó que la visión simplista de considerar el pago total de la contraprestación durante la vida del contrato APP como un monto equivalente de deuda para el Estado es, por decir lo menos, un enfoque de análisis básico, insuficiente o irresponsable, que no genera ninguna conclusión valida y no aporta nada a la discusión responsable del tema.
«Tenemos un compromiso de pago al utilizar la infraestructura o bien para comprar un volumen de agua, pero eso no es deuda al tener una fuente de pago, que es el propio de los servicio de agua en el caso de las plantas desalinizadoras, o el ahorro que va a representar dejar de rentar instalaciones dispersas en la ciudad, en el caso de los edificios públicos de seguridad», señaló Guevara Morales.
De igual forma, explicó que es un error común considerar que se está pagando por una obra de infraestructura cuando no es así. «Estamos hablando de que la empresa debe hacer todos los proyectos ejecutivos, tramitación y pago de permisos estatales, municipales y federales, construcción de la infraestructura, operación y todo el mantenimiento, contratación y sueldos de los técnico y todo el personal necesario y todos los insumos que requiera», dijo el funcionario estatal.
Ejemplificó: “en el caso de lo que paga el ciudadano por él servicios de energía eléctrica, si alguien multiplica su facturación mensual por 30 años, no puede considerar esa suma como una deuda personal. El ciudadano pagará lo que vaya consumiendo y dejará de pagar si el servicio no le es prestado».
Sobre los procesos de licitación, destacó que han sido públicos y transparentes, pues las convocatorias se han publicado en diarios y los resultados se encuentran en los sitios de internet obligados por ley, además de que se han compartido con cuanto grupo y ciudadano los ha solicitado.
Finalmente, señaló que la alternativa de las Asociaciones Público-Privadas es un esquema internacional, impulsado actualmente por el Gobierno Federal para la realización, operación y mantenimiento de obras necesarias que, de otra forma, tardarían décadas en ser materializadas.
En esta rueda de prensa también estuvieron presentes el Subsecretario Jurídico del Gobierno del Estado, Víctor Iván Lujano Sarabia, así como el Subsecretario de SIDUE, Oscar Alberto Gracia Valencia.
QUE SE ANALICE EL C5: FEDERACIÓN COPARMEX
Integrantes de la Federación Coparmex pidieron al Congreso del Estado que se analice detalladamente la aprobación para construir el C5 porque no es claro el proceso para la licitación, es decir, faltó transparencia, además de la presunta existencia de un contrato ya firmado, manifestaron los integrantes de la federación Coparmex en Baja California.
En rueda de prensa, el presidente de la Federación Armando León Ptacnik, señaló que para contar con ese proyecto se requiere aún trabajo de equipamiento, nivelación de sueldos y capacitación a los policías que fortalezca a las corporaciones.
Señaló que tarde que temprano deberá haber un C5 en Baja California sólo que debe ser de manera ordenada, transparente, dosificado y que funcione de manera adecuada para tener cuerpos policiacos calificados.
Destacó que otro punto importante en la demanda del sector, es lo referente a las leyes locales porque se comprometerá una inversión significativa por el orden de los 69 millones de pesos por diez años, misma que es la que autorizaría el Congreso.
Por otra parte, en la reunión de la Federación se tocó el tema del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), del cual habló Rodrigo Llantada Ávila, dirigente del sindicato patronal en Mexicali, quien informó que luego de la manifestación del martes, fueron recibidos por el diputado Andrés de la Rosa Anaya quien se comprometió a continuar con la implementación del SEA como habían trabajado, es decir, con la participación ciudadana de organizaciones de la sociedad civil y empresarial.
Agregó que le presentaron la propuesta de la convocatoria para el Comité Seleccionador, además, de que buscarán reunirse con los diputados de las comisiones que integran el Congreso para fortalecer el trabajo ciudadano.
“Fuimos puntuales en señalar que así, como la primera fase, sin ser políticos pudimos llegar a buenos acuerdos, seguir así, sin cuestiones radicalistas ni imposición de temas. No queremos que pase como en el Sistema Nacional, que van y vienen por decisiones políticas”, expresó.
