Comunicado.
TIJUANA.- Al colocar la primera piedra de la desalinizadora en Playas de Rosarito, el gobernador Francisco Vega encabezó un acto de simulación, ya que el predio donde lo hizo se encuentra embargado por orden del Juzgado Décimo Civil, manifestó el diputado del Partido Encuentro Social (PES), Luis Moreno Hernández.
El legislador lamentó que incluso después de que esta información se hiciera pública, Vega de Lamadrid procediera a realizar una ceremonia que no respeta lo dictaminado por la autoridad judicial y que es una muestra de falta de institucionalidad por parte de su gobierno.
Cuando el gobernador colocaba la primera piedra de la obra, el Juzgado Décimo Civil ya había ordenado el embargo del predio, así como la suspensión de toda actividad comercial de las empresas que participaron en la asociación público-privada constituida para la desalinizadora, luego de que uno de los socios presentara una demanda por haber sido engañado respecto al valor de sus acciones y las operaciones de las compañías.
Para el diputado del PES, “esta situación legal se viene a sumar a la serie de tropiezos y atropellos que el gobierno ha orquestado para forzar la desalinizadora que costará a los baja californianos más de 76 mil millones de pesos durante los próximos 37 años y que ha acumulado, desde su inicio, severos cuestionamientos y voces de rechazo desde diversos sectores”.
A pesar de esto, el viernes 23 de marzo, el gobierno estatal llevó a cabo el evento en el que además participaron autoridades de otros poderes y niveles de gobierno para simular un avance en el cuestionado proyecto sin abordar la situación del embargo ni la demanda que se discute en los juzgados, además de estar bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Inclusive cuando el mismo presidente de la compañía Consolidated Waters ha admitido públicamente que no cuentan con todos los permisos requeridos en ley para la construcción, para el legislador resulta preocupante que tanto la autoridad federal como el Ayuntamiento de Rosarito, los cuales están encargados de emitirlos, avalaron el acto político al participar en él.
“El evento fue un montaje para dar certeza y calmar el nerviosismo de los inversionistas del proyecto en manos del gobernador, una estrategia irregular y sospechosa que busca legitimar sin razón ni argumentos ni diálogo el multimillonario endeudamiento a los bajacalifornianos”, expresó Moreno Hernández.
De igual forma, manifestó su preocupación al ver que el gobierno del estado continúa atropellando el respeto a la institucionalidad con tal de imponer un proyecto que no ha sido consensuado entre la ciudadanía.
“Es inaceptable que quienes participaron en ese evento no se muestren sensibles a las voces que han externado su preocupación por las consecuencias financieras, sociales y medioambientales de esta obra”, señaló.
El diputado Luis Moreno Hernández también reprobó la excesiva presencia policiaca que se montó en la zona del evento con diversos filtros de revisión y que impidió a un grupo de ciudadanos inconformes con la obra acercarse a los funcionarios.
“Una vez más, el gobernador se escudó en la fuerza pública para callar las voces de los ciudadanos y esconderse en una posición de comodidad y simulación”, expresó.
