El caso de Genaro García Luna ya tocó al gobierno de Jaime Bonilla Váldez en Baja California (BC): una de las empresas a la que le “congelaron” las cuentas, a raíz de las investigaciones sobre el exsecretario de Seguridad Pública federal, está vinculada al recién designado Oficial Mayor del gobierno bajacaliforniano.
Se trata de Grupo Gasmart, que de acuerdo con funcionarios cercanos a las indagatorias fue utilizada como “puente” para triangular los recursos que pararon una empresa propiedad de García Luna y su familia.
Gasmart ha solicitado distintos préstamos teniendo a Héctor Mares Cossio, Oficial Mayor del Gobierno de BC, como responsable del pago de los mismos, figura conocida como “obligado solidario”.
De acuerdo con una investigación hecha por Animal Político, de 2008 a la fecha Gasmart ha solicitado 23 préstamos bancarios por 1,431 millones de pesos (75.5 millones de dólares), el último de ellos se formalizó el 4 de julio de 2019, el mismo día que el actual Oficial Mayor bajacaliforniano dejó su curul como diputado local en BC para ceder su lugar a Víctor Manuel Morán, quien 4 días más tarde, el 8 de julio, presentó la llamada “Ley Bonilla” en el Congreso de BC.
Dicho préstamo de “apertura de crédito simple con garantía hipotecaria” fue por 226 millones de pesos y fue solicitado por la empresa Apoyos y Suministros Comerciales e Industriales S.A. de C.V., una de las empresas vinculadas al grupo gasolinero Gasmart.
En el caso de los 23 préstamos bancarios se encuentran como obligados solidarios Héctor Mares Cossio, Alberto Ignacio Uribe Maytorena y Alberto Alejandro Uribe Herrera, este último director general de Gasmart. Aparte, aparecen una serie de compañías gasolineras vinculadas al grupo, que desde 2015 es investigado por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) por la presunta comisión de prácticas monopólicas en el noroeste de México.
En todas estas operaciones la empresa ha dejado como garantía una serie de propiedades localizadas en el municipio de Tijuana, Baja California, México, donde el grupo tiene su base de operaciones.
Las triangulaciones
De acuerdo con funcionarios federales cercanos a las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del SAT, Gasmart es una de las cinco empresas cuyas cuentas fueron “congeladas” por esta dependencia por sus nexos con el exsecretario de Seguridad Pública federal, quien es acusado por el gobierno de Estados Unidos por supuestos nexos y cobro de sobornos provenientes del Cártel de Sinaloa.
Las investigaciones indican que Gasmart fue la empresa que utilizaron como “puente” para pagar los supuestos sobornos a la empresa Glac Security Consulting Technology Risk Management S.C., propiedad de García Luna y su familia.
Para triangular los recursos, que ascienden a 2 mil millones de pesos, la Secretaría de Gobernación, durante la administración de Enrique Peña Nieto, otorgó contratos a la empresa Nunvav Inc., otra de las investigadas por la UIF.
Dicha empresa fue creada en Panamá en 2012, y posteriormente recibió contratos del gobierno mexicano.
Nunvac Inc., por su parte, inyectó recursos a las empresas Icit Holding S. A. de C. V. e Icit Private Security México S. A. de C. V., que a su vez le depositaron los recursos a Grupo Gasmart.
Además del “congelamiento” de las cuentas bancarias de estas 5 empresas, la UIF también aseguró otras seis cuentas vinculadas con García luna, entre las que destacan las de su esposa Cristina Pereyra Gálvez y su hermana Esperanza García Luna.
Animal Político buscó a Grupo Gasmart para conocer su postura sobre las investigaciones encabezadas por la UIF y sus vínculos con el exsecretario de Seguridad Pública federal, pero la empresa remitió un comunicado fechado el 13 de diciembre y firmado por su director general Alberto Alejandro Uribe Herrera, donde se deslinda de estos hechos.
“Con relación a información recientemente publicada en diversos medios de comunicación así como en redes sociales en las que se pretende vincular a Grupo Gasmart con el exsecretario de seguridad pública Genaro García Luna, así como las señoras Linda Cristina Pereyra Gálvez y señora Esperanza García Luna, hemos de informar y aclarar que NO EXISTE, NI HA EXISTIDO VÍNCULO legal o comercial con dichas personas, por lo que desconocemos cualquier relación con ellas. Reiteramos de manera enfática que dichas personas NO tienen, no han tenido relación alguna con nuestro GRUPO y con nuestros accionistas”.
El alfil de Bonilla
Héctor Mares es un personaje cercano al gobernador Jaime Bonilla. Una investigación publicada por el periódico San Diego Unión Tribune, el 29 de diciembre de 2011, reveló que cuando Bonilla se desempeñó como gerente del distrito de agua en Otay, California, éste contrató a Mares, quien anteriormente se había desempeñado como director de relaciones públicas de la compañía Media Sports de México propiedad de Bonilla, por una asesoría por la que cobró 300 mil dólares.
De acuerdo con su semblanza curricular, publicada en la página de la Cámara de Diputados federal y el Congreso de BC, Héctor Mares se desempeñó en 1994 como asesor del secretario particular del presidente de la República (Carlos Salinas de Gortari); en 2010 fue director de auditoría del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso de BC; en 2015, además de ser suplente del entonces diputado federal Jaime Bonilla, fungió como Coordinador de la oficina de la Comisión de Asuntos Frontera Norte de Cámara de Diputados, en Tijuana; con Bonilla como senador se desempeñó como Secretario Técnico de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios de la LXIV Legislatura.
De 2016 a 2019, fungió como diputado suplente de Morena en el Congreso de BC. El 4 de julio de 2019, dejó su cargo como legislador local para unirse como asesor al equipo de trabajo del gobernador electo Jaime Bonilla.
El pasado 2 de diciembre, Héctor Mares asumió el cargo de Oficial Mayor del Gobierno de BC, nombramiento que se dio luego de la licencia solicitada por Jesús Núñez Camacho, quien se separó de ese cargo para que la Secretaría de Honestidad y la Fiscalía General de BC realizaran una investigación sobre el supuesto cobro de “moches” a empresarios locales, a cambio de contratos que se les atribuyen a él y a la exsecretaria de Bienestar de la entidad, Cynthia García.
Una búsqueda hecha en el Registro Público de la Propiedad en BC arrojó que Héctor Mares Cossio es propietario, en Tijuana, de 3 predios urbanos sin construcción; 2 departamentos; 1 local comercial y una exclusiva propiedad que vendió en 7.9 millones de pesos en el mes de agosto de 2018.
