CONGRESO PEDIRÁ INFORMES A AUTORIDADES SOBRE PROBLEMÁTICA DE MINERA EL “ARCO” CON EJIDATARIOS DEL SUR DE ENSENADA
Parte de un exhorto del Dip. José Alberto Martínez, quien expuso el “claro abuso” que está desplegando el Grupo Minero México y su falta de cumplimiento en acuerdos con ejidatarios
Puede conocer el proyecto haciendo click en este enlace ARCO
MEXICALI.- El diputado José Alberto Martínez Carrillo expuso ante el Pleno del Congreso local, la problemática que acontece actualmente en el límite sur del Estado donde el Grupo Minero México tiene instalado el complejo minero “Arco”, y del cual los pobladores y ejidatarios de la zona se quejan de un “claro abuso de la influencia y recursos que esta megaempresa despliega donde se instala, como la compra de terrenos a precios ridículos y a la fuerza, e incumplimiento de compromisos y acuerdos de obras y recursos para los propietarios de las tierras”.
El legislador del Partido Nueva Alianza (Panal) explicó que los pobladores y los miembros de los ejidos de la zona, particularmente de “El Costeño”, no se oponen al proyecto de la minera, pues dicen es necesario para el desarrollo de la región y crea oportunidades para todos ellos.
Desde 1995 el Grupo México del Arco, S.A de C.V., propietario del megaproyecto de minera “El Arco”, realiza prospección en los límites de Baja California y Baja California Sur. Recientemente la compañía detectó un yacimiento estimado en mil 300 millones de toneladas de cobre, oro y plata por lo que rentó cerca de 50 mil hectáreas por 30 años. Los planes del “Arco” Reportaje de Zeta
Sin embargo ─agregó Martínez Carrillo─, “estamos ante un monopolio de recursos naturales, particularmente acuíferos, para uso exclusivo de la explotación; autorizaciones ambientales conseguidas aún sin el rigor del estudio y la determinación objetiva de impactos ambientales, y el sometimiento de los pobladores de la región a las decisiones y condiciones que la empresa impone”.
Aparte de lo anterior, relató que la empresa minera quiere pagar a los ejidatarios un precio irrisorio por las tierras de la zona conocida como “El Costeño”, además de que el acuífero correspondiente al “Llano del Berrendo” (que pertenece a la Cuenca San Luis y es fuente de agua para los pobladores), está vedado hoy en día para los ejidatarios, ya que Conagua les impide la extracción y la empresa ha recurrido a un litigio formal ante esa dependencia federal para impedir que alguien más pueda usufructuar el acuífero.
Por todo ello el diputado José Alberto Martínez, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la XXI Legislatura local, propuso exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que brinde la información completa y detallada de todo tipo de autorización otorgada y por otorgar a la empresa minera de “El Arco”, respecto de los propósitos actuales y futuros que tengan impacto en la región, así como la aplicación rigurosa de los criterios necesarios para revisar y decidir cualquier autorización expedida y por expedir.
Asimismo, una solicitud a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que “nos proporcione el rigor de la aplicación de la Ley para la explotación de los acuíferos de la región, a su vez nos brinde la información completa, detallada y sin tardanzas sobre el estado que guarda el litigio al que la minera recurrió y que involucra al acuífero del Llano del Berrendo y la Cuenca San Luis, el padrón de usuarios del acuífero del Llano del Berrendo y saber que proceda inmediatamente a constituir el Comité Técnico de Aguas Subterráneas del acuífero del Llano del Berrendo”.
El legislador mexicalense hizo un llamado a la “Procuraduría Agraria para realizar con efectividad y compromiso con los núcleos agrarios, la defensa de los intereses de las comunidades frente al despliegue de fuerza e influencia de la minera, a fin de evitar la imposición de criterios de venta forzada a precios irrisorios de las tierras del ejido `El Costeño´, así como revisar las condiciones de los contratos de compra venta que la minera impuso a los ejidos Independencia y Confederación Nacional Campesina en 2005 y 2007, para detectar la eventualidad de abusos y procesar ante el Tribunal Unitario Agrario un posible procedimiento de `Nulidad de Contrato´”.
