TIJUANA (AFN).- Mientras que en Tijuana el Cabildo revirtió el proceso de municipalización del agua; en Rosarito y Ensenada sus gobiernos avanzaron en ese sentido.
En el caso de Rosarito el licenciado José Luis Alcalá Murillo, en su calidad de secretario fedatario del ayuntamiento, certificó el «punto de acuerdo» mediante el cual, se votó por mayoría de los miembros del Cabildo, la propuesta de la alcaldesa Araceli Brown Figueredo, para que se le autorice realizar las gestiones necesarias para transferir al municipio la prestación del servicio de agua potable.
En la sesión celebrada el 1 de octubre se ratificó la intención de prestar el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, en los términos que ordenan la Constitución mexicana y la del Estado.
Por lo tanto, se decidió solicitar -de nueva cuenta- al titular del Poder Ejecutivo de Baja California, que «se realicen las adecuaciones legales y administrativas necesarias para cumplir estos mandatos constitucionales».
También se estableció que, independientemente el resultado de las controversias constitucionales y acciones de constitucionalidad promovidas en contra del decreto 289 (que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 29 de julio de 2021), el ayuntamiento notifique al titular del gobierno del Estado, que en el ejercicio de la autonomía del que goza el municipio, seguirá procurando que lo ordenado por ambas constituciones «se cumplan y ese servicio sea finalmente transferido a la esfera municipal».
En el caso de Ensenada, el ayuntamiento estableció que por su parte no hay problema en ese sentido, ya que eso se aprobó en su momento y ya está publicado en el Periódico Oficial del Estado.
Por lo tanto, en sesión de Cabildo se ratificó que se cumpla con lo establecido por el artículo 115 constitucional.
