Durante el gobierno de Jaime Bonilla, el ex mandatario atacó a la familia del ahora Diputado Federal Arturo González Cruz, por ser la propietaria de un edificio que rentaba la Secretaría de Salud, señaló conflicto de interés cuando el inmueble tenía contrato previo a su gobierno. Ahora se puso al descubierto por los colegas de Esquina32 que Bonilla no midió igual, porque se encontró un inmueble de la hija del ex Fiscal Guillermo «Titi» Ruiz, que rentaba mientras el padre el titular de la dependencia.
Bonilla pagó más de 3 mdp por inmueble de allegado al ex Fiscal
Las erogaciones se hicieron con recursos de los bajacalifornianos
Por: Adán Mondragón/Esquina32.Info
TIJUANA.- En la administración del morenista Jaime Bonilla Valdez, se destinaron más de tres millones de pesos a la renta de un inmueble que fue utilizado parcialmente por la Fiscalía General del Estado (FGEBC) de Baja California.
El recinto arrendado con recursos públicos del Estado para la FGEBC, cuyo titular fue Guillermo Ruiz Hernández, compadre de Jaime Bonilla, le pertenece a un familiar del fiscal, de nombre Patricia María Magdalena Macfarland Ruiz.
La propiedad está ubicada en la calle Diego Rivera 10211, en la zona urbana Río Tijuana, al inicio de la administración de Bonilla Valdez, albergó la unidad de Homicidios dolosos.
El primer contrato de arrendamiento fue firmado el 1 de enero del 2020 por el oficial mayor Héctor Irineo Mares Cossio –hoy diputado federal- y el arrendador Patricia María Magdalena Macfarland Ruíz para el periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2020.
Mientras que el segundo contrato fue hecho por el licenciado Israel Clemente González, oficial mayor del gobierno estatal, éste fue firmado el primero de mayo con vigencia del 1 de mayo al 31 de diciembre del 2021.
Cabe mencionar que el ocho de marzo del 2021, en el marco de una manifestación de colectivos feministas “8M”, el inmueble en mención fue vandalizado, al día siguiente reparado y desde entonces estuvo en desuso por parte de la FGEBC.
Sin embargo, dos meses después, la administración de Jaime Bonilla, renovó el contrato de arrendamiento del lugar, aunque las autoridades de la fiscalía ya despachaban desde las oficinas del World Trade Center (WTC), inmueble que igual fue rentado por la administración estatal.
Por el contrato de doce meses firmado en el 2020, el gobierno estatal pagó mensualmente 147 mil 136.50 pesos, para un total de un millón 765 mil 638 pesos; mientras que por el segundo contrato de ocho meses se pagaron 158 mil 906 pesos para un total de un millón 271 mil 252 pesos y entre los dos un gran total de tres millones 036 mil 890 pesos.
Durante su gestión, Jaime Bonilla Valdez, presumió en sus transmisiones que en su administración se actuó bajo los principios de austeridad impulsados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
